Como ya había anunciado un día antes, la Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un escrito ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para solicitar una fianza civil conjunta de casi 8,2 millones de euros para Iñaki Urdangarín, su exsocio Diego Torres y sus sociedades. Y, para justificar su petición, apuntó a una «conciencia irrefutable de las desviaciones de poder» en la actuación de las Administraciones Públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana única y exclusivamente para «beneficiar» al Instituto Nóos, al tiempo que apuntó que los convenios suscritos por sendos Gobiernos y la institución que presidía el Duque de Palma son «fruto de una actividad delictiva predeterminada».
Así lo puso de manifiesto el fiscal, Pedro Horrach, en un pormenorizado escrito de 175 páginas, en el que subraya, respecto a las actuaciones investigadas, que «el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora», y asevera que los acuerdos de colaboración suscritos entre ambas comunidades y Nóos proceden de decisiones adoptadas mediante «un ejercicio abusivo de poder».
Todo ello, afirma el letrado en su texto, con la única finalidad de «beneficiar a una determinada entidad», en alusión al Instituto, «al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública». Unas consideraciones tras las cuales el documento incluye un extenso desglose de todas las facturas emitidas en torno a la contratación de los distintos eventos por los que cobró la organización que dirigían Urdangarín y Torres.
Tal y como precisa Horrach en su informe, los representantes de las Administraciones, en el caso de Baleares bajo el último mandato de Jaume Matas y en el de la Comunidad Valenciana, con Francisco Camps como presidente, tomaron decisiones administrativas «arbitrarias e injustas», adoptadas «al margen de cualquier expediente administrativo», puesto que la apertura del preceptivo expediente «hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar» a Nóos.
De esta forma, los responsables políticos pactaron de forma verbal con los representantes del Instituto la celebración de los congresos denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit, que la entidad de Urdangarín y Torres comenzó a organizar y desarrollar, según el fiscal, «con anterioridad a la formalización de los propios convenios de colaboración».
Sin notificación
Por su parte, el abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, consideró «exagerada» la fianza que pide el fiscal de 8.189.448 euros a pagar conjuntamente con su exsocio y las empresas administradas por ambos, a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El letrado no descartó que el yerno del Rey Don Juan Carlos tenga que embargar sus propiedades para hacer frente al pago de 4,1 millones de euros, en el caso de que finalmente el juez Castro dé el visto bueno a esta solicitud del fiscal anticorrupción.
Eso sí, a Pascual Vives todavía «no le consta» ninguna notificación del juzgado que le advierta de este pago, aunque, según remarcó, supone que llegará pronto, y añadió que siempre actuarán como marca la ley.
