Las interpretaciones diametralmente opuestas que ayer brindaron el Ejecutivo y el PP sobre lo acontecido en la primera reunión de la comisión gubernamental anticrisis y los partidos parlamentarios son fiel reflejo de la absoluta falta de acuerdo que presidió una cita que nacía moribunda por las reticencias previas de los populares, que consideran que la iniciativa, auspiciada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, no pretende sino «hacer ruido y ganar tiempo» a la espera de que «escampe» y Moncloa pueda presentar algún dato que avale el tan cacareado como inexistente inicio de la recuperación.
Por si no fuera bastante con esa falta de entusiasmo manifestada por el principal partido de la oposición, tanto la formación dirigida por Mariano Rajoy como todas las demás entraron a la reunión con la única referencia de un texto de apenas tres folios que el Gobierno les había hecho llegar solo 12 horas antes y en el que, sin concretar medida alguna, se enumeraban un conjunto de vaguedades sobre las que resulta imposible plantear una negociación
Por supuesto, la decepción, proclamada a posteriori por los representantes de los partidos, no hizo la más mínima mella en la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, encargada de liderar el diálogo y que, sin asomo de autocrítica, salió de la cita asegurando que había sido «muy positiva», y que así la valoraban todos los grupos incluido el PP, de modo que, prosiguió, no contempla «la posibilidad de que las reuniones acaben sin un acuerdo».
La también ministra de Economía explicó acto seguido que el documento de ayer solo pretendía servir de «guión» y que ahora son los partidos los que tienen que enviarle propuestas. No obstante, anunció que el Ejecutivo hará llegar el lunes a los partidos un «documento extenso» con iniciativas concretas para impulsar el crecimiento, acelerar la creación de puestos de trabajo y reducir el déficit.
En un somero anticipo de lo que podría pormenorizarse en dicho texto, Salgado advirtió de que el Ejecutivo contempla la puesta en marcha de «un plan de racionalidad de la Administración Pública», que conllevará «una fuerte reducción del número de empresas públicas», aunque no especificó cuáles.
Asimismo, en lo que constituye un nuevo bandazo del Gobierno, la jefa de Economía desautorizó a su secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y descartó radicalmente la posibilidad de que en el próximo ejercicio se proponga una congelación o reducción del sueldo de los funcionarios, tal y como había insinuado apenas 24 horas antes su subordinado.
En copernicana oposición a tales planteamientos, los representantes del Partido Popular dijeron haber salido del encuentro con la troika, formada por la propia Salgado y los ministros de Fomento e Industria, José Blanco y Miguel Sebastián, entre «perplejos y desconcertados». El portavoz de asuntos económicos de los conservadores, Cristóbal Montoro, que encabezó la delegación, comentó que, tras lo oído en el Palacio de Zurbano, sede de la cumbre, reiteró que «la única propuesta que cabe es la rectificación total de la política económica del Gobierno».
El popular reiteró que el Ejecutivo está «superado por la crisis económica» y añadió que por eso «busca ahora coartada y complicidades». El compañero de Mariano Rajoy se mostró asimismo «profundamente escéptico» con respecto a la posibilidad de que la propuesta que Moncloa dará a conocer el próximo lunes y discutirá con el PP de manera bilateral dos días después pueda cambiar el rumbo de la situación.
Para arrojar un poco más de tierra sobre el optimismo, a todas luces ficticio de Salgado, el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, a priori proclive al pacto, también proclamó que los «acuerdos globales y generalizados son una hipótesis imposible».
