Han pasado dos semanas desde que las revueltas populares estallaron en Egipto y, pese al anuncio de algunas concesiones, el presidente Mubarak continúa al frente del país, lo que los expertos y analistas interpretan como un estancamiento de difícil salida.
El diálogo entre el régimen y la oposición comenzó el pasado domingo con una reunión entre el vicepresidente, Omar Suleimán, y varias fuerzas políticas, entre las que estaban los ilegalizados Hermanos Musulmanes.
Sin embargo, muchas voces coinciden en restar legitimidad a los grupos que participan en las negociaciones, ya que «el centro de poder de la revuelta está en la plaza Tahrir», según el analista Issandr Amrani, autor del prestigioso blog The Arabist.
El problema, adelantó Amrani, es que los manifestantes que han tomado las calles desde el pasado 25 de enero no están organizados ni tienen líderes visibles que puedan representarlos, por lo que una sola demanda los mantiene cohesionados: que Mubarak se marche.
La capacidad de los ciudadanos para recuperar la iniciativa se ha reducido después de haber sacado a cientos de miles de personas a las calles egipcias durante 14 días y pese a haber forzado al Estado a avenirse a negociar unas reformas que algunos dudan de que se vayan a poner en marcha.
Para Amrani, con la designación de Suleimán como vicepresidente, el país se dirige hacia la «formación de otro régimen de hombre fuerte, en el que no se puede confiar que emprenda los cambios que necesita el territorio».
Por lo tanto, se abren tres escenarios para la oposición: «Que renuncie ya Mubarak, que haya una intervención del Ejército para desalojar la plaza Tahrir por la fuerza o que se cree un verdadero Gobierno de transición, con participación real del resto de partidos».
A esta última posición intermedia se sumó ayer el Centro Árabe por la Independencia del Poder Judicial y la Profesión Legal con una propuesta para un proceso de transición que no implica la renuncia inmediata de Mubarak.
Esta ONG insta al mandatario egipcio a designar a un consejo de vicepresidentes que limiten el poder de Suleimán y que lleven adelante las reformas constitucionales más perentorias (artículos 76, 77 y 88, sobre los requisitos para ser candidato, el número de mandatos presidenciales y la supervisión judicial de los comicios).
Además, este llamado Consejo Presidencial, que en la práctica llevaría el peso ejecutivo del país en lugar de Mubarak, se encargaría de convocar elecciones parlamentarias, organizar el referéndum para la reforma constitucional y asegurar la pluralidad política y mediática antes de los comicios presidenciales.
Mientras los expertos dan sus recetas sobre cómo acabar con la crisis y Gobierno y oposición siguen negociando, los manifestantes continúan concentrados en la plaza Tahrir de El Cairo con temor a que comiencen las represalias de las fuerzas de seguridad leales a Mubarak. Según los últimos datos oficiales, más de 300 personas podrían haber perdido la vida en la revuelta popular.
