A sus 104 años Natividad Martínez, la ciudadana más longeva de la localidad de Santa Pola, tiene claro su último deseo: recibir la prestación de la Ley de Dependencia antes de su muerte, un derecho que reclama desde enero de 2008. «No quiero morir sin recibir la ayuda que me corresponde», explicó la centenaria sin vacilar.
Tras lamentar que el Ejecutivo valenciano le está «tomando el pelo desde hace demasiado tiempo», esta anciana recordó que la ley establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de los expedientes por parte de los gobiernos autonómicos.
Desde que cumpliera 90 años, Martínez está bajo el cuidado de su hija, Natividad Bo, quien «tuvo que dejar su trabajo» para dedicarse «en exclusiva» a atender sus necesidades «sin recibir ninguna compensación económica» por ello.
Tal y como indica el diputado y portavoz de Bienestar Social en funciones del grupo socialista en Les Corts, Antonio Torres, la norma contempla la figura del cuidador con el fin de dispensar una ayuda económica a las personas dedicadas al cuidado de sus familiares en situación de dependencia, un recurso que desde el año 2007 se concedió a un total de 416.914 dependientes en toda España.
Sin embargo, en lo que respecta a la Comunitat las cifras giran en torno a las 26.600 ayudas concedidas en calidad de cuidador, mientras que, según señala Torres, «deberían haberse asignado unas 45.860 teniendo en cuenta que la región valenciana representa el 11 por ciento» de la totalidad de la población del territorio nacional.
Tras más de tres años desde que presentara la solicitud de ayuda, la anciana recirrió al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) en seis ocasiones, pues desde que los técnicos de la Conselleria de Bienestar Social le realizaron la valoración en enero de 2009, que determinó un nivel de dependencia de tercer grado -el más grave-, continúa pendiente de la redacción del Programa Individualizado de Atención (PIA).
«En diciembre de 2010 el Síndic me indicó que el motivo de la demora, según la Conselleria, era que me faltaba por entregar una fotocopia del IRPF», expuso doña Natividad, para quien «al final con tanto papeleo solo consiguen hacerte perder el norte».
Para el diputado del PSPV-PSOE, «se trata de una mera excusa para prolongar la resolución final», pues «la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece que los documentos que la administración puede obtener por sus propios medios no pueden ser exigidos al ciudadano».
«La respuesta que dicho departamento dio al Síndic es una mera excusa, ya que el Consell está bloqueando conscientemente la resolución de las ayudas», prosiguió Torres, para quien la actuación del Gobierno valenciano en materia de dependencia durante los últimos cuatro años ha sido «indigna», pues «están jugando con la calidad de vida de más de 35.000 personas pendientes de resolución».
Para Natividad Martínez, única ciudadana de Santa Pola que cuenta con un monolito a su nombre en reconocimiento a su avanzada edad, «es de justicia» que su hija reciba una compensación económica tras más de 14 años dedicados a sus cuidados, por lo que aseguró que «solo» morirá tranquila cuando se le conceda su derecho.
Un total de 22.000 personas murieron en la Comunitat esperando la resolución de la prestación de la Dependencia desde el año 2007, cifra que en la provincia de Alicante se sitúa entorno a los 8.300 fallecidos, según informó Torres.
