El PP y el PSOE estarían negociando los cambios a introducir en el proyecto de ley de Segunda Oportunidad, particularmente en relación con el tratamiento que se tiene que dar a los créditos públicos privilegiados, que actualmente quedarían fuera de cualquier posibilidad de quita. Fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que se están manteniendo contactos entre ambas formaciones para intentar consensuar algunas modificaciones de la normativa, que ya está en vigor al haberse aprobado como decreto ley y que incluirían un mecanismo concursal para personas físicas y autónomos en este caso.
Dicho procedimiento contemplaría la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o, en su defecto, declarar un concurso de acreedores con la liquidación de los bienes del deudor. Además, se contemplaría la posibilidad de aplicar quitas si el deudor cumple ciertas condiciones de su plan de pagos, pero en esas exoneraciones no quedarían incluidas en ningún caso las deudas con Hacienda o la Seguridad Social, a las que sólo se podrán aplicar fraccionamientos o aplazamientos.
Enmiendas
Sobre este asunto presentaron enmiendas prácticamente todos los grupos de la oposición, en general con la intención de flexibilizar el tratamiento que se daría a los créditos de derecho público en los casos de quitas. Así, los socialistas creen que sólo se deberían salvaguardar de las exoneraciones de deuda los créditos de derecho público con privilegio general, salvo los recargos y las sanciones, de modo “homogéneo” al tratamiento que se les daría cuando fuese una empresa la que entrara en concurso de acreedores en este caso.
Por su parte, CiU creyó que los acreedores públicos “también deben verse implicados” en las quitas y en los embargos o secuestros posteriores a la presentación del concurso sin excepciones, evitando cualquier “privilegio” en línea con lo que recomendó, por ejemplo, el Banco Mundial. “El Estado debe soportar el mismo trato que el resto de acreedores para poder articular un verdadero sistema de insolvencia”, defendió la formación en su enmienda.
El PNV compartió que proteger los créditos públicos por delante de otro tipo de deudas “se separa de las recomendaciones realizadas a nivel internacional” y recordó que mantener las cosas como están podría suponer, por ejemplo, que se mantengan tanto deudas tributarias como por multas de tráfico. Por eso, propuso eliminar esta excepción a la norma.
UPyD, por su parte, ofreció una alternativa más elaborada, que pasaría por que los créditos de derecho público que no tengan carácter punitivo podrán perdonarse si el deudor paga al menos la mitad en tres años.
