Las obras de construcción de la segunda fase del complejo deportivo Carlos Melero son hoy un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno municipal (PSOE). Es una preocupación que apenas se intuía cuando, en mayo de 2012, tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de estas obras, las segundas, en volumen de inversión, proyectadas actualmente en la ciudad, con un presupuesto de 4,3 millones de euros.
El proyecto —que contempla, entre otras actuaciones, la construcción de dos piscinas cubiertas en la ciudad deportiva de La Albuera— está hoy rodeado de incertidumbres, a raíz de varias sentencias judiciales, contrarias a los intereses del Ayuntamiento, y que han demostrado, al menos por el momento, errores de bulto en la gestión municipal. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que, en síntesis, declara nula la adjudicación de las obras abre un escenario de consecuencias imprevisibles para la obra.
¿Cómo pueden continuar unas obras que han sido declaradas ilegales por los tribunales?. La empresa adjudicataria «Segovia Sport S.L.» ha continuado con los trabajos de construcción del complejo, aunque si la empresa Expinmobel, a quien los tribunales han dado la razón, pide la ejecución de esta última sentencia del TSCyL, la paralización sería inevitable. Tampoco puede despreciarse la posibilidad de que «Segovia Sport S.L.», tras ver como los tribunales han anulado el contrato que suscribió con el Ayuntamiento, opte por parar la obra y reclamar el importe de lo ejecutado y una indemnización por daños y perjuicios. La adjudicataria asumió el compromiso de invertir 4,3 millones para materializar el proyecto, a cambio de obtener la cesión de los terrenos y la explotación de las instalaciones por un periodo de 40 años.
La ejecución de la sentencia del TSJCyL implica, en teoría, la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación de las obras, que, en todo caso, no podría convocarse hasta que se apruebe, de forma definitiva, la modificación puntual del Plan Parcial que afecta a la parcela. Esta tramitación ya ha sido iniciada por el Gobierno municipal, haciendo uso de las competencias que le atribuye la Junta de Castilla y León tras la aprobación de las Directrices de Adaptación al Plan General (DALS). No obstante, el trámite puede durar entre 4 y 6 meses, según fuentes de Urbanismo. ¿Puede mantenerse durante este tiempo la ejecución de unas obras que no cuentan con amparo legal?. ¿Deberían paralizarse durante este tiempo?
La clave está, por tanto, en si la parte recurrente, la empresa Expinmobel, pide al TSCYL la ejecución de la sentencia que, en todo caso, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Ayuntamiento, por lo que aún no es firme.
La posibilidad de que Expinmobel pida al juez la ejecución de la sentencia puede esfumarse tras el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa Pizber S.L, que, según varias fuentes consultadas por este periódico, pertenecen a los mismos propietarios. En la misma sesión de pleno en la que se ratificó la presentación del recurso de amparo ante el TC, el Gobierno municipal sacó adelante la firma de este convenio urbanístico, junto con la aprobación un estudio de detalle, para la recalificación urbanística de una parcela de Pizber S.L, de casi 6.000 metros cuadrados, junto al hipermercado Mercadona, entre las calles Baltasar Gracián y Jorge Manrique, en el barrio de Nueva Segovia. De esta manera, la finca, donde solo se autorizaba un uso privado sanitario, ha pasado a tener una calificación dotacional de servicios comunitarios compatible con uso terciario (comercio). Fuentes próximas tanto al Gobierno municipal como al PP sostienen que, pese a aparecer con distinto nombre (Expinmobel y Pizber), los propietarios de la finca recalificada en Nueva Segovia son los mismos que recurrieron el concurso y adjudicación de las obras del complejo deportivo Carlos Melero.
La sospecha sobrevuela en el ambiente y, de hecho, el propio PP preguntó en el pleno si el Gobierno municipal había alcanzado algún acuerdo con los propietarios de ambas parcelas. ¿Se ha recalificado la finca de Nueva Segovia para que sus propietarios no pidan la ejecución de la sentencia del Carlos Melero?.
El propio concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, ante las ‘insinuaciones’ del PP subrayó que la recalificación de la parcela de Nueva Segovia era «un tema urbanístico, nada más, una operación para permitir el desarrollo de la zona», al tiempo que invitó a los populares a que «si ustedes creen que se utiliza de cambalache, demuéstrenlo».
