La Junta incrementará la financiación destinada a los municipios, reforzará las ayudas a las mancomunidades y ampliará al apoyo a los bares rurales para que puedan incorporar pequeñas tiendas de productos básicos, al tiempo que reclamará al Gobierno central una reforma de la financiación local y la aprobación del Estatuto del pequeño municipio.
El anuncio lo realizó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, este lunes tras su reunión con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), Ángeles Armisén, en un encuentro en el que ambas partes repasaron las principales necesidades del municipalismo de la Comunidad.
González Gago explicó que existe un compromiso del Ejecutivo autonómico de incrementar el Fondo de Cohesión Territorial, destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y precisó que dejará de permanecer congelado en los 20 millones de euros con los que se consolidó tras la pandemia. El consejero recordó que este fondo nació como una ayuda extraordinaria durante la COVID-19 y posteriormente pasó a ser permanente.
Además, avanzó una mejora de las ayudas a los bares rurales. Según explicó, a partir de 2027 al intención es añadir otros 3.000 euros destinados a sufragar los costes de Seguridad Social del titular del establecimiento, siempre que el bar incorpore como segunda actividad una pequeña tienda de productos no perecederos.
Durante la reunión, explicó que también abordaron la situación de los secretarios interventores, de administración local. En este sentido, González Gago aseguró que la Junta seguirá impulsando las bolsas de interinos para cubrir con rapidez las vacantes que se produzcan por jubilaciones o ausencias, además de incrementar el apoyo económico a las diputaciones para mantener los servicios de asistencia a municipios.
El consejero también aprovechó para reiterar dos reivindicaciones al Gobierno de España. En primer lugar, una reformar de la financiación local vinculada a la autonómica y por otro lado, la aprobación del Estatuto del pequeño municipio.
A su juicio, “no es normal” que un ayuntamiento de apenas 70 habitantes deba afrontar las mismas exigencias administrativas, presupuestarias y de contratación que otro de 20.000 vecinos, por lo que defendió una mayor flexibilización normativa para las entidades locales de menor tamaño.
La presidenta de la Federación y la Diputación de Palencia trasladó a la Consejería la necesidad de desarrollar cambios normativos que permitan compartir personal y servicios entre varios ayuntamientos de pequeño tamaño. En este sentido, explicó que la propuesta pasa por facilitar fórmulas de gestión colaborativa para que varios municipios puedan disponer, por ejemplo, de un mismo administrativo u otros empleados públicos, reduciendo costes y mejorando la prestación de servicios.
También insistió en la necesidad de que el Gobierno cubra las plazas de habilitados nacionales, al recordar que, aunque Castilla y León ha resuelto las vacantes mediante bolsas de interinos, “esa competencia nacional” corresponde al Estado.
