El presidente sirio, Bachar al Asad, intentó ayer hacer un guiño a la comunidad internacional ordenando que el referéndum sobre la nueva Constitución se celebre de inmediato, fijando la fecha al próximo 26 de febrero. Además, después de que se apruebe el borrador de la Carta Magna, se abrirá, según indicó el dirigente, un plazo de 90 días para que se lleven a cabo las elecciones legislativas. Eso sí, su intento de normalización quedó en nada, teniendo en cuenta que el Ejército continuó con su ofensiva sobre los rebeldes y lanzó nuevos bombardeos sobre Homs y ataques contra Hama.
De hecho, uno de los artefactos cayó sobre un oleoducto que alimenta una refinería en Homs y al menos 20 personas perdieron la vida en diferentes puntos del país a manos de los leales al régimen.
Ajeno a los ataques sobre los bastiones opositores, Al Asad señaló que el proyecto de Constitución pretende garantizar «la dignidad del ciudadano sirio y sus derechos básicos», lo que se conseguiría «a partir de los principios de la nación, de la transparencia y de la peculiaridad de la realidad siria».
Las reacciones no se hicieron esperar y la Casa Blanca tachó de «irrisoria» la convocatoria del referéndum, al tiempo que añadió que «es una burla de la revolución siria».
Además, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Alain Juppé, reconoció que algunos grupos de la oposición al Gobierno árabe se están armando, pero defendió que es «para protegerse» del régimen de Damasco, al que ha responsabilizado por lanzar una campaña de represión «brutal» contra la población civil.
Por su parte, y mientras la ONU y la Liga Árabe continúan estudiando iniciar una misión conjunta de observación en Siria, la OTAN mostró su negativa a participar en ese proyecto. Así, el secretario general de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen, aseveró que la organización «no tiene ninguna intención de intervenir en Siria de ninguna manera», explicó, al tiempo que condenó la violencia en Damasco y garantizó su «apoyo para encontrar una solución al conflicto».
