¿Qué es el Plan Hidrológico del Duero?
El Plan Hidrológico del Duero decide cómo se reparte y se gestiona el agua de la cuenca durante un periodo determinado; cuánta corresponde a cada uso, qué caudales ecológicos deben mantener los ríos, en qué condiciones se conceden o renuevan los derechos de riego y qué infraestructuras se construyen. Lo elabora la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo adscrito hoy al Ministerio para la Transición Ecológica.
No es un asunto menor para la Comunidad. La del Duero es la mayor cuenca de la península ibérica y su parte española, en torno a 78.900 kilómetros cuadrados, corresponde en un 98% a Castilla y León, de modo que el plan condiciona prácticamente todo el regadío y el abastecimiento de la región. Es además un territorio marcado por la despoblación rural. En esta cuenca, cerca del 89% del agua se destina a la agricultura.
La planificación se revisa por ciclos de seis años; el que ahora se prepara es el cuarto, correspondiente a 2028-2033. Su primer paso fue la exposición pública del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, y el borrador del plan volverá a información pública en el tercer trimestre de este año. El procedimiento llega marcado por un precedente denunciado por todas las partes, el plan vigente, el de 2022-2027, se aprobó por real decreto en enero de 2023, con nuevas restricciones y pese al rechazo del Consejo del Agua del Duero, dejando además inversiones sin ejecutar. Ese desencuentro de origen sobrevuela toda la discusión del nuevo plan.
Castilla y León, la región que riega de menos
El punto de partida del sector agrario es un déficit estructural. Castilla y León riega apenas el 15% de su superficie cultivable, muy por debajo del 23% de media nacional, y la cuenca está regulada solo al 30%, frente al 50% del Ebro o el 90% del Tajo. Sobre esa base, ASAJA reclama aumentar la superficie de regadío hasta acercarla a la media española, ampliar la capacidad de almacenamiento y, sobre todo, que no se impongan nuevas restricciones al uso de las aguas subterráneas. La organización pide además seguridad jurídica para las concesiones y derechos de riego que caducan en 2035, la limpieza periódica de los cauces para prevenir inundaciones y unos caudales ecológicos fijados con un criterio que, a su juicio, no penalice a la agricultura. Y denuncia, como reproche transversal, los retrasos de años en la resolución de expedientes. La organización enmarca esas peticiones en una reivindicación previa: que la planificación se aborde como una política agraria de primer orden y nazca del consenso de los afectados, no de los recortes. En esa línea reclama que el plan contemple la modernización de todas las hectáreas pendientes, con presupuesto suficiente del Estado y de la Junta para un uso más eficiente del agua disponible.
Traduciendo en números el conflicto, según las estimaciones de la Junta de Castilla y León, la imposibilidad de renovar determinadas concesiones de aguas subterráneas podría llevar al secano unas 32.000 hectáreas, con un coste de 17,8 millones de euros anuales y el riesgo de abandono de más de 3.000 explotaciones. Frente a ello, la Administración autonómica reclama incorporar más de 43.000 hectáreas de nuevo regadío; entre las zonas propuestas figura Lastras de Cuéllar, con 6.000 hectáreas, el principal anclaje del debate en la provincia.
No todo el campo, sin embargo, pone el acento en el mismo lugar. César Acebes, presidente de la Unión de Campesinos de Segovia (UCCL), una de las dos únicas organizaciones agrarias que presentó alegaciones al EPTI, sitúa el principal riesgo en el terreno regulatorio. La planificación futura, advierte, vincula cada vez más las autorizaciones y concesiones a objetivos ambientales, “sobre todo en acuíferos con problemas de estado”. Esa vinculación, sostiene, anticipa un recorte de los apoyos. Según los datos que maneja, el nuevo ciclo rebajaría el objetivo de modernización de regadíos desde las 96.000 hectáreas del plan vigente hasta unas 24.000, y el de nuevos regadíos desde unas 27.000 hasta apenas 18.000 o 19.000. “No se concede ampliación de superficie de regadío”, resume, de modo que la modernización quedará como la vía principal para recibir apoyo institucional y los proyectos deberán justificar mejor su viabilidad económica y ambiental.
Acebes introduce además una crítica técnica poco habitual en el debate: el plan, dice, no tiene en cuenta la eficiencia real del riego. “No es lo mismo regar por aspersión que por goteo; diez hectáreas por aspersión pueden equivaler a cincuenta por goteo, y eso no se contabiliza.” A su juicio, el punto más sensible son las aguas subterráneas, de las que dependen zonas agrícolas de peso como Los Arenales, la Tierra de Pinares segoviana, el sur de Valladolid o Medina del Campo, donde prevé que se limiten las nuevas concesiones y se intensifique el control de las extracciones.
El dirigente de UCCL discrepa también del modo en que la Administración aborda la contaminación. La Confederación, recuerda, admite que en torno al 26% de las masas de agua presentan afecciones por nutrientes, principalmente nitratos; pero rechaza que se asocie de forma automática ese problema a la ganadería de porcino: “Si superpones las zonas con más granjas y las de mayor índice de nitratos, no coinciden.” La consecuencia que anticipa para el agricultor es más exigencia en la fertilización y más control documental. Sobre el fondo del asunto, resume el malestar del sector: a las organizaciones agrarias, dice, se las tiene muy poco en cuenta para la toma de decisiones, y sus opiniones “deberían tener más peso del que tienen”.
El estado del agua y las obras que no llegan
¿Es compatible la demanda de más regadío y más embalses con el estado real de los acuíferos? Para Juan Carlos Domingo, presidente de la Asociación para la Investigación del Agua y el Medio Ambiente (ASIAMA) y doctor en Ingeniería Hidrológica, la respuesta valida el diagnóstico del campo desde fuera del sector.
“La provincia de Segovia está infrarregulada y carente de embalses”, afirma. Segovia y Valladolid figuran entre las provincias españolas con menos agua embalsada. Resuelve la aparente contradicción con los acuíferos: cuanta más agua superficial satisfaga la demanda, menor será la sobreexplotación del subsuelo. “Existen numerosos acuíferos sobreexplotados precisamente por la falta de recursos hídricos en la zona.”
El margen para más regadío, reconoce, está “muy ajustado”; al faltar almacenamiento superficial, los riegos dependen de unas aguas subterráneas que, según la zona, están más o menos sobreexplotadas. Cita la recarga artificial del acuífero del Carracillo, en el norte de la provincia, como ejemplo de gestión sostenible, pero advierte de que “todo tiene un límite” y de que el cambio climático agrava el problema: “Cada vez llueve menos y de manera más abrupta”, lo que resiente la recarga natural y hace, a su juicio, más necesario almacenar agua de superficie.
Su conclusión técnica desplaza el foco del agua a la gestión. “El problema no es de falta de agua, sino de falta de infraestructura”, sostiene, y de una legislación y una tramitación administrativa que convierten cualquier obra en “una auténtica odisea de papeleo”. Domingo reclama además un cambio de actitud social hacia las obras hidráulicas y lamenta la escasa implicación de las instituciones locales. Al periodo de información pública del EPTI, asegura, solo presentaron propuestas dos ayuntamientos de la provincia, Segovia y San Cristóbal. “Existe una falta de solidaridad enorme entre municipios en los temas del agua.” Entre sus propuestas reclama una implicación más activa de la sociedad y de los municipios en los asuntos del agua, una legislación menos restrictiva para los casos de interés general justificado, el almacenamiento de más agua superficial mediante embalses, el impulso de la recarga artificial de acuíferos donde sea posible y el fomento de la reutilización de aguas usadas, todo ello dentro de una gestión integral y sostenible del ciclo del agua.
El problema de fondo
Por debajo del choque sobre hectáreas y concesiones asoma un problema que ninguna de las partes discute, y que tiene tres caras.
La primera es la falta de eficacia. Las medidas que se anticipan no satisfacen a casi nadie: restringen al agricultor y recortan los programas de modernización sin ofrecerle alternativas, y al mismo tiempo llegan tarde para frenar un deterioro que la propia Confederación reconoce.
La segunda es la falta de consenso. El precedente del decreto de enero de 2023, aprobado contra el criterio del Consejo del Agua, donde están representadas las partes afectadas, ha minado la confianza en la planificación y amenaza con repetirse si el borrador de otoño no nace del acuerdo. Tanto ASAJA como UCCL comparten la sensación de quedar al margen de unas decisiones que les afectan de lleno.
La tercera es la maraña administrativa. Es el punto en el que coinciden con más fuerza el agricultor y el técnico: expedientes que tardan años, una normativa cada vez más restrictiva y unos procedimientos que, en palabras de Domingo, hacen de cualquier infraestructura “una odisea de papeleo”.
El resultado es un modelo que, tal y como se plantea, no resuelve el problema de fondo de ninguna de las partes: deja al agricultor con más restricciones y menos ayudas a la modernización, sin la seguridad ni las infraestructuras que reclama, y al medio natural con una degradación que las normas no logran contener. El campo y los técnicos coinciden en lo esencial: la gestión del agua en el Duero falla. Y el problema no es, en el fondo, de los regantes, sino de la Administración encargada de ordenar el agua, que ni ejecuta lo que promete, ni agiliza lo que autoriza, ni logra que sus planes nazcan del acuerdo. Más que una mala gestión puntual, lo que el caso revela es una incapacidad para responder a las necesidades de un territorio en declive y de quienes aún lo sostienen. Y sin esa capacidad, cada nuevo plan repetirá el mismo resultado: normas que llegan tarde, se cumplen a medias y dejan el problema intacto.
