El empresario segoviano José Manuel de Riva Zorrilla, figura histórica del asociacionismo empresarial y defensor de la PYME, ha recibido oficialmente la condición de ‘informante protegido’ por parte de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La resolución del organismo ha provocado una reacción inmediata en la CEOE: el adelanto de su calendario electoral.
La resolución de la AIPI, una institución de reciente creación adscrita al Ministerio de Justicia bajo el paraguas del Plan de Acción por la Democracia, fue adoptada tras analizar un exhaustivo expediente entregado por De Riva a finales de septiembre. El dictamen de la autoridad ministerial fundamenta el blindaje al empresario bajo tres criterios esenciales: Gravedad de los indicios, agotamiento de vías internas y acceso legítimo a la información.
La resolución —firmada bajo la dirección de la entidad— constata que los hechos denunciados revisten una especial gravedad y podrían tipificarse como delitos de apropiación indebida, corrupción en los negocios, administración desleal, así como fraudes contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública. El foco está puesto en presuntas irregularidades cometidas en los comicios de Cepyme celebrados el 20 de mayo de 2025.
El organismo ratificó su competencia directa sobre el caso tras comprobar que De Riva intentó alertar previamente de la situación de manera interna a la propia Junta Directiva de la CEOE y mediante canales de difusión pública, sin obtener respuesta efectiva
La AIPI considera plenamente razonable que el denunciante actuara con la convicción de que los hechos eran reales, valiéndose del acceso directo a documentación sensible que le otorgaba su posición en los comités directivos de la CEOE y Cepyme.
El otorgamiento de este blindaje legal opera de forma totalmente independiente al resultado final que determinen las investigaciones de los tribunales sobre la gestión de Garamendi. De Riva, que ya no ocupa la vicepresidencia de Cepyme, cuenta ahora con medidas cautelares y de apoyo institucional que impiden cualquier tipo de represalia en su contra.
Adelanto de elecciones
Aunque el segundo mandato de Antonio Garamendi vencía formalmente a finales de noviembre, fuentes empresariales confirman que las elecciones se anticiparán a una fecha entre finales de septiembre y principios de octubre.
El movimiento defensivo de Garamendi, según informa El Confidencial, responde también al inminente desfile de testigos. Fuentes conocedoras del procedimiento en la AIPI explican que lo natural en las próximas semanas es que el Departamento de Protección del Informante llame a declarar al propio Garamendi y a numerosos directivos de la patronal, un escenario de goteo mediático que amenazaba con desgastar de forma irreversible el liderazgo del actual presidente de mantenerse la fecha electoral de noviembre.
La versión oficial de la CEOE desvincula el movimiento del frente judicial y atribuye el adelanto a estrictos problemas de agenda institucional. “Hay prevista una cumbre en noviembre y, teniendo en cuenta que los estatutos establecen un plazo mínimo de tres meses, no queríamos que los tiempos se solaparan con ese evento”, señalan fuentes oficiales de la patronal, justificando la necesidad de cerrar la convocatoria durante el mes de julio.
