“Si las entidades financieras no facilitan financiación a los particulares, estos no pueden comprar viviendas, no pueden hacer reparaciones y los promotores no van a poder trabajar”. Así define Javier Carretero, presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), una situación que se repite desde hace años.
Añade, además, que “el sector de la construcción es ahora la oveja negra para bancos y cajas” y que para una recuperación efectiva de la confianza, además del posible cambio político en el Gobierno central a partir del 20 de noviembre, es preciso que las entidades financieras apuesten por las empresas constructoras “porque seguimos siendo los mismos. Hace cinco años apostaron por nosotros y ganaron con nosotros y ahora los que pierden no son ellos”.
Partiendo de esas premisas, el responsable de la APIC aboga también por medidas que permitan que “que la obra pública que se hace en Segovia se quede en Segovia, con empresas de aquí, porque así está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco”.
Explica Carretero que cuando una administración pública adjudica una obra a una empresa de fuera, ésta a su vez la subcontrata a una de Segovia “y luego incumplen la Ley de Morosidad, no pagan y las empresas auxiliares de la construcción se quejan de que nadie les pagamos”.
Es habitual, según este empresario, que cuando una empresa de fuera consigue una obra en la provincia “pone un encargado y un oficinista y contrata a una constructora local a la que paga a 300 días ¿Pero dónde va a estar esa empresa dentro de un año? Con esa incertidumbre no se puede”.
Carretero advierte que no es la primera vez que la quiebra de una empresa foránea deja un proyecto sin acabar en Segovia. “Ha pasado y avisamos de que va a volver a pasar”, recalca.
Por ese motivo alerta de las bajas temerarias, porque “la situación es desesperada y las empresas quieren coger dinero”, al tiempo que señala que “cuando una empresa de fuera hace una obra mermando la calidad, mañana nadie le va a sacar los colores al empresario”.
Los constructores, indica Carretero, “ahora mismo vivimos al día y prácticamente de la obra menor: Reparaciones, fachadas, cubiertas, con suerte un chalet o una vivienda unifamiliar”.
Por ese motivo, una de las iniciativas de la asociación ha sido denunciar el intrusismo y la competencia desleal en el sector. “Esos trabajos menores, lo que se conoce como chapuzas, es lo que permite mantener el empleo en empresas pequeñas de ahí que estemos tramitando como APIC a través de la Inspección de Trabajo las denuncias que plantean nuestros asociados”.
De esta manera los denunciantes, anónimos, evitan posibles represalias. Hasta el momento, desde la llegada de Carretero a la Presidencia de APIC, el pasado mes de junio, se han tramitado quince denuncias y al menos en cinco de ellas ha habido ya intervención de la Inspección.
Por otro lado, el presidente de la asociación explica que la semana pasada ésta mantuvo la primera reunión con representantes del Ayuntamiento de Segovia para hacer un seguimiento de las licencias de obra en el municipio. Se trata de agilizar los trámites al máximo y la finalidad es conseguir que no se demoren más allá de quince días o un mes las de obra menor y el tope de tres meses para las de obra mayor. Carretero insiste a sus propios asociados para que presenten la documentación completa para evitar precisamente una tardanza innecesaria.
