El Congreso de los Diputados convalidó ayer el mecanismo de pago a proveedores aprobado por el Gobierno, que contará con un fondo de unos 35.000 millones de euros al que se podrán acoger ayuntamientos y comunidades autónomas para abonar, a partir de mayo, las facturas que tienen pendientes con proveedores.
El decreto ley fue respaldado por PP y CiU, como ya ocurrió con la convalidación del anterior, que sentaba las bases para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborara las modalidades a las que deberán acogerse estas corporaciones. Sin embargo, a diferencia de entonces, no contó con el apoyo del PSOE, que optó por la abstención, junto con UPyD y PNV.
La posición de las formaciones más contrarias al primer decreto ley de pago a proveedores -la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, BNG y Compromís- no se expresaron en el Pleno del Congreso de ayer al secundar los diputados de estos partidos la huelga general contra la reforma laboral.
El Pleno también votó la tramitación del decreto como proyecto de ley, ya que fue solicitado por varios grupos parlamentarios. En este caso, la iniciativa fue rechazada por 182 votos contra 122.
Aunque la norma que especifica el mecanismo de pago a proveedores lo elaboró el Ministerio de Hacienda, fue el responsable de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el encargado de defenderlo en el Pleno.
A su juicio, este plan permitirá «resolver uno de los mayores problemas» que ha dejado la crisis, como es el de la financiación de las entidades locales, por lo que consideró que su aplicación «con rapidez» es «imprescindible» para otorgarles liquidez y que ésta repercuta en pymes y autónomos.
Tras explicar los detalles del decreto, el político señaló que ya se han acogido más de 4.600 ayuntamientos, que han presentado casi dos millones de facturas pendientes por valor de 9.584 millones de euros que deben a 167.000 proveedores.
Avalados por el Tesoro
Los préstamos, que concederán los bancos con la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), estarán avalados por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos. La devolución de las cantidades que reciba cada entidad local deberá hacerse en 10 años, con dos ejercicios de carencia.
Quedó por especificar el tipo de interés de los préstamos, pero el ministro garantizó que se situará «por debajo» del 5%, a pesar de que Hacienda no lo concretó en ningún momento. Sin embargo, el diputado socialista Gaspar Zarrías denunció que todavía no se conoce la cifra final, que deberá decidir la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
A su juicio, «no es de recibo» plantear un interés del 5% cuando la devolución de los créditos que pidan gobiernos regionales y ayuntamientos se extenderá hasta 10 años. Aún así, advirtió de que no se quedará ahí: según sus cálculos, afirmó que el tipo de interés «no bajará del 6%».
Por ello, Zarrías denunció que se trata de un «mecanismo caro, injusto y chapucero» que ha hecho que Consistorios como Málaga, Barcelona o Vigo no se hayan adherido, por lo que pidió al Ejecutivo un «esfuerzo» para estas corporaciones que «tienen que seguir pagando nóminas y prestar servicios públicos a los ciudadanos».
Como en el debate del primer decreto, el diputado del PSOE pidió que el decreto se tramite como proyecto de ley y que se ponga en marcha en el Congreso una comisión o subcomisión para realizar un «control exhaustivo» de la asignación de créditos y la aprobación de los planes de ajuste que los ayuntamientos y comunidades han de presentar para explicar cómo van a hacer frente a los pagos.
