El deporte es, sin duda, uno de los grandes instrumentos sociales para educar en valores. La cooperación, el respeto, el esfuerzo o la superación personal encuentran en el ámbito deportivo un terreno fértil. Sin embargo, conviene recordarlo: el deporte, por sí mismo, no educa. Son las condiciones que lo rodean: la formación de los entrenadores, el papel de las familias, el enfoque competitivo o recreativo; las que determinan si esos valores florecen o, por el contrario, se pervierten.
Demasiadas veces, los campos de juego se convierten en escenarios donde emergen los contravalores. La presión, la frustración o la ansiedad transforman lo que debería ser aprendizaje en agresividad. Y en ese contexto, el árbitro acaba siendo el blanco fácil. Decidir implica exponerse, y pitar se convierte en un acto de riesgo más que de justicia deportiva.
El reciente caso de la competición municipal de fútbol 7 en Segovia, donde varios jugadores agredieron a un árbitro y fueron sancionados con la expulsión durante tres años, es tan preocupante como ejemplar. Preocupante por lo que revela: una pérdida evidente del respeto básico. Ejemplar por la respuesta institucional: firme y necesaria para marcar límites.
Quizá ha llegado el momento de dar un paso más. Así como los docentes son considerados “autoridad pública” para protegerlos frente a las agresiones, ¿por qué no reconocer un estatus similar a los árbitros? Su función, al fin y al cabo, también es garantizar el cumplimiento de las normas y la convivencia.
Asistir a un partido no debería implicar convivir con el insulto constante, ni aceptar la violencia como parte del espectáculo. El respeto no es negociable. Y menos aún hacia quienes, con un silbato, sostienen las reglas del juego. Porque sin ellos, sencillamente, no hay juego posible.
