La Cámara de Contratistas de Castilla y León aseguró este miércoles en Valladolid que el sector de la construcción está en disposición de “absorber sin problema” a 30.000 trabajadores “cualificados” y con una formación “adecuada”, lo que supondría alcanzar los 99.000 empleos. El presidente de la institución cameral, Enrique Pascual, subrayó que si no se hacen más obras en la Comunidad y las que están en marcha no van a un mayor ritmo es por la falta de mano de obra.
Con motivo de la presentación del balance oficial de licitación pública de 2025 y las previsiones del sector para 2026, Pascual reconoció que el sector ha sido incapaz de atraer recursos humanos, pese a las campañas activas “bien planteadas”. Recordó que en el año 2007, con el boom de la construcción y la licitación de obra pública, la Comunidad alcanzó los 130.000 empleos, que no ha parado de caer desde entonces. Las únicas subidas se registraron en 2015 y 2023.
No solo ha bajado el número de trabajadores sino también la cifra de empresas del sector, ya que de las 14.812 existentes en 2009 se ha pasado a las 9.047 del año pasado.
Esto se traduce en el desplome del volumen de negocio de la construcción en Castilla y León, que solo repuntó en 2023 cuando la obra pública creció un 40 por ciento.
Desde entonces, vuelve a caer el volumen de actividad, con 5.800 millones en 2024 y 5.700 en 2025.
Una falta de obra que se puede compensar, a juicio de Enrique Pascual, con un mayor esfuerzo en innovación con la construcción industrializada, aunque “tardará en llegar”.
Añadió que la falta de trabajadores es otro problemas para la construcción viviendas aunque consideró que el verdadero freno es la “fabricación” del suelo, ya que el paso de un terreno urbanizable a otro urbano para poder iniciar la edificación requiere de un proceso administrativo tremendamente complicado y que lleva bastante tiempo.
A su juicio, el problema de la vivienda, a corto plazo, se agravará, salvo que se pongan “muchas ganas”. Hasta el punto que consideró que será un bien “muy escaso”, con graves consecuencias. Y es que aseguró que los territorios que no ofrezcan viviendas no podrán atraer población ni contar con trabajadores, donde puedan vivir. Algo que generará que no haya industrias ni servicios.
La Cámara de Contratistas pedirá al nuevo gobierno de la Junta acelerar la licitación de la obra pública en la Comunidad durante el segundo semestre del año, con el objetivo de cerrar 2026 con la cifra “realista” de 550 millones de euros. Conscientes de que es imposible llegar a los 1.404 millones que contemplaban en el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el presente ejercicio.
El sector consideró que los datos de la licitación de obra pública en Castilla y León el año anterior no fueron buenos, al cerrar con 2.184 millones frente a los 2.367 registrados en 2024, lo que supuso un retroceso del 7,7 por ciento. Un porcentaje lastrado por el desplome del 23,5 por ciento de la licitación de la Administración regional, al pasar de 726 a 556 millones.
También hubo una bajada en la Administración central, del ocho por ciento (de 1.198 a 1.102 millones, pese a tener presupuestos prorrogados) mientras que creció un 18,9 por ciento en la administración local, hasta los 526 millones.
Otra de las preocupaciones del sector son las obras desiertas en la licitación oficial en la Comunidad. No en vano, ha pasado de suponer menos del uno por ciento en 2019 al 6,5 por ciento el año pasado, con 223 obras en que no se presentó ninguna empresa.
