Segovia contará con 13 nuevos puestos en la plantilla jurídica del profesorado de enseñanzas no universitarias para el curso 2026/2027, dentro del incremento de 329 plazas aprobado por la Junta de Castilla y León para el conjunto de la Comunidad. De ellas, ocho corresponderán a Secundaria, cinco a maestros y otras dos a Régimen Especial.
La modificación de las plantillas jurídicas contempla además la creación de 38 unidades en centros educativos públicos y la transformación de otros 63 puestos docentes. El aumento responde, entre otras cuestiones, a la necesidad de cubrir las jubilaciones registradas durante el presente curso y a la intención de reforzar la estabilidad del profesorado.
La etapa de Secundaria será la más beneficiada, con 220 nuevos puestos en Castilla y León. Burgos liderará el incremento con 61 plazas, seguida de Valladolid, con 41; León, con 34; Salamanca, con 24; Ávila, con 21; y Soria, con 18. Por detrás se sitúan Palencia, con diez; Segovia, con ocho; y Zamora, con tres.
En el caso de los maestros, la Comunidad incorporará 93 plazas. León sumará 18; Salamanca, 15; Valladolid, 14; Burgos, 13; y Ávila, 11. Completan la relación Soria, con ocho; Palencia, con siete; Segovia, con cinco; y Zamora, con dos.
La plantilla subirá en Segovia con ocho plazas en Educación Secundaria, cinco de maestros y dos en Régimen Especial
Las nueve plazas de Formación Profesional se repartirán entre Burgos, con cuatro; Salamanca y Valladolid, con dos cada una; y Soria, con una. Además, la Junta aprobará siete puestos en Régimen Especial, de los que dos corresponderán a Segovia y uno a Ávila, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.
La Consejería de Educación también prevé transformar 63 puestos en la plantilla jurídica del próximo curso: 22 en institutos, 38 de Secundaria, dos de Formación Profesional y uno de Régimen Especial. Según el documento consultado por Ical, estos cambios responden a la reorganización derivada de la implantación de la Logse y del traslado del alumnado de los colegios a los institutos a los 12 años, en lugar de a los 14, como sucedía con la antigua EGB.
La modificación de las plantillas jurídicas no implica creación ni destrucción de empleo, ya que el proceso determina qué plazas se mantienen, cuáles se consolidan por tener continuidad y suficientes alumnos y cuáles pueden suprimirse si dejan de contar con matrícula durante varios cursos consecutivos.
