El secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, confió ayer en Valladolid en que “en los próximos días” se pueda alcanzar un pacto salarial para los próximos años en el marco del II Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una negociación que el pasado martes cerró con poco éxito.
En este sentido, admitió que su sindicato hubiera preferido que el pacto nacional se hubiese cerrado la pasada semana ya que un acuerdo interconfederal de este tipo sólo tiene sentido si tiene capacidad para orientar la negociación colectiva en el resto del Estado.
Dicho esto, insistió en su planteamiento de que el pacto nacional se pueda cerrar en los próximos días desde el reconocimiento de que ha habido una aproximación de las partes en la necesidad de subir los salarios a lo que sumó un reconocimiento también la actividad de flexibilidad mostrada por la patronal en la mesa de negociación. “Las partes estamos de acuerdo en que los salarios deben subir”, aseguró.
Según explicó, las principales discrepancias se mantienen en los criterios para aplicar esas subidas salariales que se buscan para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 donde los sindicatos plantean una subida salarial del 1,5% este año con todas las cláusulas de garantía y vincular salarios a la deflación del IPC y al reparto de la productividad en cada sector y en cada empresa para los próximos años.
Por su parte, la patronal quiere ligar el devenir de los sueldos a la evolución del PIB con incrementos del 0,6% en 2015 si la economía crece entre un 2% y un 2,5% y del 0,8% en 2016 si supera estas cifras.
Por otra parte, Górriz situó la negociación de los convenios colectivos como el “elemento central” de actuación de Comisiones Obreras en los próximos meses junto a la recuperación del poder adquisitivo vía salarios, una reivindicación “posible, justa y necesaria” para fomentar el consumo interno, activar la demanda y la economía y ayudar a la creación de empleo en este país. “Sin subidas de salarios no se cumple ninguna de las cuestiones”, aseveró.
Además, reconoció que en España “hay margen real de competitividad” para asumir esa subida salarial tras años de devaluación salarial que han abierto la brecha de la pobreza y de la desigualdad.
Por último, defendió la oportunidad de las concentraciones y manifestaciones previstas en todo el país para el próximo 18 de febrero en defensa del derecho de huelga desde el convencimiento de que la reforma del Código Penal del Gobierno o la futura aprobación de la ‘Ley mordaza’ castiga a los trabajadores en sus reivindicaciones.
Según sus datos, en estos momentos hay unos 90 imputados en España con penas de cárcel que suman hasta 160 años de condena por haber ejercicio el derecho a la huelga. “Sin derecho a la huelga no hay equilibrio en las relaciones laborales”, finalizó.
