En el plazo de un año, el sector agrario acudirá nuevamente a unas elecciones con carácter estatal, algo que no sucedía desde la década de los años setenta. Esta es la decisión adoptada por el Ministerio de Agricultura en su objetivo de lograr una mayor clarificación de la representatividad y proceder a la constitución del Consejo Agrario como órgano consultivo de la Administración.
En las últimas décadas, en base a la normativa sobre las Cámaras Agrarias, con las competencias transferidas a las autonomías, se ha producido un goteo de comicios a nivel regional con los que se ha medido la representatividad de las organizaciones en esas demarcaciones. Sin embargo, mientras en unas comunidades se han celebrado varias convocatorias, en otras no ha habido ninguna, por lo que la representatividad es algo que se da por hecho en base al reconocimiento tácito de las respectivas Administraciones y el acuerdo entre las diferentes organizaciones agrarias en base a unas elecciones a finales de los setenta…. Han pasado años, cambios, fusiones y rupturas de siglas.
Desde esta perspectiva, el Ministerio entiende que es importante disponer de un mapa a nivel estatal, aunque no parece que unas elecciones vayan a modificar en mucho el actual escenario. Es importante que las organizaciones teóricamente representativas tengan una convalidación en las urnas. Pero la Administración no puede alegar, como una razón para convocar los comicios, que en la actualidad existe incertidumbre sobre la representación y que, por ese motivo, agricultores y ganaderos no han podido hacer frente las necesidades para desarrollar unas negociaciones en pie de igualdad con el resto de la cadena alimentaria para defender sus intereses.
Arias Cañete ha elaborado una hoja de ruta para la celebración de esas elecciones. El primer paso lo ha dado con la remisión de un proyecto de ley a las organizaciones agrarias para que hagan las alegaciones que estimen oportunas. A partir de mayo, el Gobierno tiene previsto su aprobación para que se tramite en el plazo de cinco o seis meses en el Parlamento. De acuerdo con este calendario, habría ley para antes de fin de año y, con ello, la convocatoria de elecciones y su celebración para los meses de enero o febrero de 2014.
De la lectura de este anteproyecto se puede deducir que se trata de un texto en bruto, escasamente elaborado y sobre el que es necesario concretar una serie de aspectos que están en el aire.
Agricultura plantea que haya elecciones en todo el país. Se contempla la posibilidad de voto por correo, así como otros sistemas que permitan el uso de las tecnologías de la información, aunque no llega a definir cuáles, por lo que algunos piensan en Internet. En cuanto a la celebración física de los comicios, el anteproyecto habla simplemente de una demarcación territorial. Se puede entender que es la capital de la provincia, algo que no se considera viable y donde se reclama que los puntos de votación sean locales o, cuando menos, comarcales.
Un punto central para la celebración del proceso y donde pueden radicar los mayores debates es en la definición de quiénes pueden acceder a ser elegidos. Arias Cañete pretende que esa posibilidad esté abierta al máximo de personas, a quienes se montan a diario en el tractor o manejan las cabañas ganaderas directamente.
Desde Agricultura se considera que tendrán derecho a participar las personas mayores de edad que ejerzan la actividad de forma habitual y siempre que se hallen en uno de estos tres supuestos.
Primero, que estén afilados a la Seguridad Social por cuenta propia, en base a los datos de la Tesorería General siempre que no hayan recibido ayudas por cese anticipado de la actividad agraria.
En segundo lugar, podrán votar quienes declaren una renta igual o superior al 25% de todos sus ingresos. En este caso se esperaba contar con los datos de la Agencia Tributaria, que se ha negado a proporcionarlos. Se entiende que una persona en esa situación podría justificar su derecho con su declaración.
En tercer lugar, podrán votar quienes perciban ayudas por un importe superior a los 5.000 euros, con los datos del FEGA
Para ser una organización representativa, la misma deberá haber obtenido al menos un 5% del total de los votos emitidos, frente al 15% que se requiere hoy por la ley de 2009 en las elecciones por comunidades autónomas. En base a esos datos, se procedería al nombramiento de 10 miembros del Consejo Agrario como organismo de asesoramiento de la Administración central.
