Castilla y León se posicionó como la segunda autonomía que menor porcentaje de inversión pública aportó en Atención a la Dependencia en 2025, con el 63, 3 por ciento, solo por delante de La Rioja (59,8 por ciento). Aun así, la Comunidad fue la quinta que más cuantía destinó, con 2.174 euros, por persona potencialmente dependiente, por encima de la media nacional (2.034 euros), según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
País Vasco, con 917 millones y el 85,3 por ciento; Navarra, con 181 millones y el 81,4 por ciento; e Islas Baleares, con 273 millones y 81,3 por ciento, lideraron la tabla. A la contra, La Rioja, con 57,8 millones (59,8 por ciento), Castilla y León, con 589 millones (63,3 por ciento), Andalucía, con 1.556 millones (66 por ciento) y Galicia, con 492 millones (67,1 por ciento) fueron las que menos porcentaje aportaron en Dependencia.
En el conjunto del país la inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 13.734 millones de euros en 2025, de los que 9.976 millones de euros (72,6 por ciento) correspondieron a las comunidades autónomas, mientras que la aportación estatal fue el 27,4 por ciento, con 3.758 millones de euros.
En el caso de Castilla y León, el gasto total certificado fue de 931,7 millones, de los que 589,9 millones (63,3 por ciento) correspondieron a fondos autonómicos y el resto, 341,8 millones (36,7 por ciento) a transferencias del Estado.
Además, en el informe se denuncia que se mantiene una acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros). Castilla y León, con 2.174 euros, se sitúa en quinta posición y por encima de la media nacional (2.034 euros).
No obstante, al analizar la inversión en Dependencia por habitante, Castilla y León ocupa la tercera posición, con 338 euros, sólo por detrás de País Vasco (479,8 euros) y Extremadura (411,3 euros). En el otro extremo se encuentran Canarias (178,8 euros), Murcia (225,8 euros) y Cataluña (247,3 euros).
Buena gestión
Castilla y León verá incrementada en 3,5 millones de euros la cantidad del nivel acordado por el Estado para financiar la atención a la dependencia para 2026, lo que se traducirá en 83,1 millones de euros frente a los 79,7 del pasado año, debido al cumplimiento con los objetivos de mejora estipulados, entre lo que se encuentran variables de empleo, lista de espera y calidad de los servicios. La cifra no llega aún a los 85,5 millones de 2004.
A diferencia de Castilla y León, hay otras ocho comunidades (Cataluña, C. Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid) que verán reducida su financiación por su mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la Financiación Acordada.
El portavoz en Castilla y León de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Gustavo García, aseguró que la Comunidad cuenta con unos servicios sociales “magníficos”, aunque advirtió de la necesidad de mantener las partidas y la financiación para este ámbito en los presupuestos autonómicos, por lo que lanzó un mensaje de cara a la formación del próximo Gobierno autonómico.
