El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirmó ayer, a la salida de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que la Administración autonómica se encuentra estudiando jurídicamente las vías de impugnación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ante la justicia contencioso-administrativa.
En este sentido, señaló que pese al voto favorable de las comunidades autónomas a los criterios de reparto de fondos “para garantizar la llegada de los recursos económicos a los ciudadanos”, el encuentro con la ministra, Isabel Rodríguez, ha evidenciado una valoración “muy crítica” por la “inmensa mayoría” de las autonomías respecto a la confección, el contenido y la exigencia de una cofinanciación superior impuesta por el Gobierno central.
“Nosotros también, desde Castilla y León, estamos estudiando jurídicamente las distintas brechas que tiene el texto. Brechas puestas de manifiesto por el Consejo de Estado, por la Abogacía del Estado y por órganos estatales técnicos que han puesto de manifiesto los numerosos elementos incorrectos”.
Suárez-Quiñones reprochó que el Ejecutivo central trate a las comunidades como agentes secundarios a pesar de ser las poseedoras de las competencias exclusivas y las encargadas de ejecutar los presupuestos. Así censuró que el Ministerio considere a las regiones “como enemigas cuando somos colaboradoras en la política de vivienda y, entre otras cosas, somos las que ponemos dinero y las que vamos a ejecutar esa política”, incidiendo, como ya hiciera a su llegada, en que no se ha facilitado el acceso al texto definitivo del plan antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
43,2 millones
El Gobierno de España movilizará 378 millones de euros para Castilla y León hasta el año 2030 para la implantación del nuevo Plan Estatal de Vivienda.
El nuevo plan, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros en todo el país, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En este primer año, a Castilla y León le corresponde una asignación de 43,2 millones de euros.
