La Fiscalía General del Estado archivó ayer la denuncia interpuesta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por los gastos generados en una veintena de viajes de fin de semana a Marbella (por valor de casi 13.000 euros). La decisión supone el archivo de las diligencias informativas abiertas tras la recepción de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al no ser «constitutivas de delito alguno las conductas reflejadas por el denunciante», que lamentó que el Ministerio Público «no ha investigado lo que debía».
El organismo, dependiente del Tribunal Supremo, abrió diligencias informativas el pasado 10 de mayo tras la demanda de Gómez Benítez por el desfalco de 5.658 euros gastados en seis visitas a la ciudad malagueña, aunque luego la amplió a otros 20, que habrían supuesto al erario público un coste de hasta 12.996 euros.
Los viajes se efectuaron en el período comprendido entre el 5 de noviembre de 2008 y el 20 de marzo de 2010. El denunciante desglosó los gastos en 4.120 euros por desplazamientos, 4.753 euros por alojamiento y manutención y 4.122 por atenciones protocolarias.
Tras conocerse el dictamen, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, anunció la convocatoria de un Pleno extraordinario para el próximo jueves, con el fin de debatir la opinión de todos los vocales y exponer la postura oficial del organismo, si bien remarcó que este asunto ha causado «preocupación» en el seno del Consejo, que se reunió ayer mismo con el propio Dívar.
Sobre los límites entre los viajes personales y oficiales, el decreto señaló que cualquier «duda» debe ser resuelta «teniendo siempre presente la proyección que el cargo de presidente del Consejo (uno de los más importantes del Estado) tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña».
En su sentencia, el fiscal clasificó los desplazamientos en tres grupos. Por una parte, los que han corrido a cargo de Dívar, al ser de carácter personal. Por otra, aquellos que tienen consideración oficial, pero que se han visto prolongados en actividades que podrían ser consideradas privadas, «siendo éstas últimas abonadas consecuentemente con cargo a la cuenta personal del denunciado». En tercer lugar, figurarían los trayectos que, «de principio a fin», tuvieron carácter oficial y fueron cargados en el presupuesto del Consejo.
El Ministerio Público consideró que hay «inexistencia de una intención de lucrarse» con los viajes.
