El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, dio un nuevo plazo a los grupos parlamentarios para que presenten aportaciones sobre la fijación del número de miembros del nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, el cual ya no se constituirá hasta la creación del resto de comisiones, tal y como se decidió durante la segunda reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces celebrada este jueves. Vázquez argumentó a los grupos que pueden registrar sugerencias en base a la formación del nuevo arco parlamentario.
De acuerdo a la Ley de Publicidad Institucional, reformada en 2025, debe estar integrado por los miembros elegidos por las Cortes por mayoría de dos tercios. Si no se consigue un acuerdo en el plazo de tres meses desde la primera votación, será suficiente la mayoría absoluta. La norma establece que la Mesa, en su primera sesión tras la constitución de las Cortes, debía fijar el número de miembros del Consejo que, proporcionalmente, corresponda proponer a cada grupo, aplicando la regla D’Hondt al número de procuradores que tenga cada uno y respetando las mayorías parlamentarias.
Todos los grupos tendrán, al menos, un representante, a lo que se unirá otro de los trabajadores de las entidades concesionarias. Los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios deben tener méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público o con el sector audiovisual y los medios de comunicación. En estos momentos, la duda reside en si serán 17 ó 18 los integrantes de este órgano.
La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, critica que la norma “nació con importantes carencias jurídicas”, “se ha puesto de manifiesto al tratar de aplicar la propia ley en las Cortes”; y recuerda que fue propuesta por Pablo Fernández, último procurador de Podemos, y votada en contra por el PP. “Lo dijimos en su momento y ahora: es una ley que produce efectos perniciosos en la Comunidad, en el sector de las comunicaciones, supone una pérdida de empleo y afecta a medios de Castilla y León”, reprochó García, quien también expuso que se originó con la “advertencia de inconstitucionalidad” del Consejo Consultivo y “se llevó a cabo de espaldas al sector y con una contundente oposición”.
Sin embargo, la portavoz recalca que el PP cumple la ley y aseguró que su grupo parlamentario hará lo posible para que se cumpla. Igualmente, se comprometió a trabajar para que “este órgano sea lo más imparcial posible y riguroso, y que no se convierta en ningún momento en un instrumento político”.
“Solución rápida”
En una rueda de prensa en la que solo participaron Leticia García y el portavoz del Grupo Vox, Carlos Pollán, este criticó que el nuevo plazo que ha otorgado el presidente es para aportaciones sobre “cuestiones ya planteadas en la legislatura pasada”. Así, manifestó que la elección se debe regir por la aplicación de la ley D’Hondt, con representación de todos los grupos y que esté formada por 17 miembros. “Debe solucionarse rápidamente, porque tras 15 años y 23 millones de euros anuales de dinero público a una empresa privada, ahora tendrá control parlamentario gracias a esta reforma de la Ley de Publicidad Institucional”, comentó, para añadir que “debe ser prioritario y desarrollarse rápidamente, con transparencia y participación de los representantes de los ciudadanos”.
A su juicio, “se trata de dinero público y debe ser controlado”, comentó Pollán, quien asumió que ahora hay que “esperar a la decisión que tome la Mesa respecto a esos plazos nuevos”. También admitió que se pueden presentar sugerencias en base a la formación del nuevo arco parlamentario, pero “siempre respetando los acuerdos de la Mesa y la Junta de Portavoces” en la legislatura anterior. También señaló que el resto de grupos “se han mostrado partidarios de esos nuevos plazos”.
