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El Fondo de Cohesión movilizará 33 millones para 2.232 municipios

Estos fondos beneficiarán a 1.130.173 personas de localidades de menos de 20.000 habitantes

por El Adelantado de Segovia
24 de abril de 2026
Presentación del Fondo de Cohesión Territorial de 2026. / JL Leal

Presentación del Fondo de Cohesión Territorial de 2026. / JL Leal

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Los municipios y diputaciones de la región reciben 65 millones de los fondos FCELG y FIP en 2026

La Junta destina 65 millones a financiar los servicios públicos locales

Otra forma de revitalizar los pueblos

El Fondo de Cohesión Territorial de la Junta mantiene en 2026 su dotación de 20 millones de euros, que permitirán movilizar, al menos, 33,2 millones gracias a la participación de diputaciones y ayuntamientos en la cofinanciación de las inversiones. En concreto, los 2.008 municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán cerca de 9,8 millones de euros, financiándose las actuaciones con un 50 por ciento de aportación de la Junta; un 25 por ciento, de las diputaciones y el 25 por ciento restante, de los ayuntamientos.

Por su parte, los 224 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes contarán con cerca de 10,2 millones de euros, con una financiación del 75 por ciento por parte de la Junta y del 25 por ciento restante, por los propios ayuntamientos.

El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González, acudió este viernes al Ayuntamiento de La Hiniesta (Zamora), donde presentó el Fondo de Cohesión Territorial de 2026 de la Junta de Castilla y León, junto con el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, y el alcalde de La Hiniesta, Ricardo Casas. El acto contó también con la presencia del delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

“Hoy presentamos este fondo, muy importante en su cuantía de 20 millones de euros, dirigido a cada uno de los ayuntamientos de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, concretamente, 2.232 ayuntamientos -el 99,3 por ciento del total- con una población afectada de 1.130.173 habitantes”.

“El objetivo del fondo es conseguir una mayor cohesión en los diferentes territorios de la Comunidad autónoma, ayudando, especialmente, a los territorios que más lo necesitan. Con ello, conseguimos un desarrollo uniforme de las nueve provincias y una mayor igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos municipales que estas corporaciones locales prestan”.

Para lograr ese principio de uniformidad, en este 2026 las provincias más beneficiadas serán Soria, que recibe un 102 por ciento más que lo que recibiría a través de los mecanismos ordinarios de financiación local; Zamora, un 33 por ciento más; Ávila, un 12 por ciento más, y Palencia, un 19 por ciento más.

González gago recordó que, cuando nació el Fondo, en 2022, se pactó con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León la inclusión de dos factores correctores de los parámetros que la Junta utiliza de forma habitual para la distribución de la financiación autonómica: la tasa de desempleo de cada provincia y el índice de despoblación.

“Nos hemos fijado en la población activa del cuarto trimestre de 2025 y en el índice de despoblación, a través de los datos oficiales del INE, de tal manera que, de estos 20 millones, un 40 por ciento se distribuye con estos dos factores de corrección”.

Estos fondos irán destinados a servicios locales básicos obligatorios de interés comunitario local, como el arreglo de calles, abastecimiento de agua, iluminación, etcétera.

“Este fondo tiene una característica especial en relación con los otros que constituyen el sistema de financiación local y es que promueve la cooperación económica interadministrativa de tal forma que, para realizar estas inversiones, se requiere también la participación de las diputaciones provinciales y de los propios municipios interesados beneficiarios de las ayudas”, agregó.

Como novedad, la Junta avanza este año en la simplificación administrativa del Fondo y consolida el “silencio positivo” en la validación de inversiones municipales. Además, se facilitan los procesos de justificación de las inversiones mediante mecanismos de redistribución automática, de forma que las entidades locales podrán destinar los remanentes presupuestarios a otras inversiones también financiadas mediante el Fondo de Cohesión Territorial.

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