La Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han coincidido en exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la reapertura del Corredor Central Madrid-Burgos, que lleva cerrado desde hace tres lustros, para mejorar la competitividad de las empresas y para favorecer la cohesión territorial.
El consejero en funciones de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, expuso que esta exigencia “se asienta en un consenso social y en un consenso económico y empresarial” ya que esta infraestructura, “complementaria al Corredor Atlántico que tan importante es en el nordeste de la Península Ibérica, es clave para generar oportunidades empresariales que den una mayor competitividad, que atraigan inversiones, que puedan crear puestos de trabajo y que además compongan una suerte de cohesión territorial”.
En la misma línea, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, instó al Gobierno a actuar con “responsabilidad” con el tejido empresarial de Madrid y Burgos; y “visión de Estado”, porque es un proyecto que “aumenta la competitividad de España”.
Los dos consejeros participaron este lunes en la jornada dedicada al Corredor Central Madrid-Burgos, organizada por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Burgos (FAE Burgos) con la colaboración de UNO Logística. Una jornada que sirvió para reivindicar la reapertura de esta infraestructura.
“Desde el Gobierno de Castilla y León siempre hemos considerado determinante la reapertura del llamado ‘tren directo’. Consideramos que la recuperación no debe medirse solo en rentabilidad económica, sino también como elemento clave en lo social, como vehículo de cohesión territorial y elemento clave para frenar la despoblación”, afirmó Sanz Merino. Asimismo, aseguró que las cifras necesarias para la reapertura (que según se comentó durante la jornada no superaría lo 2.000 millones de euros), son “perfectamente asumibles”.
