El sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, —uno de los más afectados por la reciente subida del precio del combustible a consecuencia de la guerra en Irán—, denuncia la insuficiencia de las medidas —aprobadas por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, recogidas en el Real Decreto- ley 7/2026 en vigor desde el 22 de marzo y pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados—.

Desde Asetra Segovia se respalda la valoración del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, — como representación de las agrupaciones de transportistas de toda España— que advierte que las iniciativas adoptadas son insuficientes y pueden agravar la situación de un sector al límite de su viabilidad.

En el marco de las negociaciones con los ministerios de Transportes, Economía y Hacienda, el CNTC planteó diversas propuestas. Sin embargo, hasta el momento, estas se han concretado únicamente en una bonificación de 0,20 euros por litro de gasóleo a través de la devolución del gasóleo profesional.

Por su parte, la rebaja del IVA al 10% mejora la liquidez de las empresas, pero no reduce el coste real del combustible, por lo que su impacto económico resulta limitado e insuficiente para compensar la fuerte subida registrada en las últimas semanas.

“La rebaja del IVA al 10% mejora la liquidez de las empresas, pero no reduce el coste real del combustible, por lo que su impacto económico resulta insuficiente para compensar la fuerte subida registrada en las últimas semanas”, denuncia Asetra

Más allá de estas medidas, el sector insiste en que el problema estructural sigue sin resolverse: la ausencia de mecanismos eficaces de revisión de precios. En un contexto actual de volatilidad energética, las empresas de transporte se ven obligadas a asumir en solitario el incremento del carburante, sin posibilidad de trasladarlo de forma inmediata a los precios de los servicios. Por ello, los organismos reclaman “la implantación urgente de una cláusula de indexación flexible que permita adaptar los precios a la evolución real de los costes, evitando que las empresas operen en pérdidas”.

Según Asetra y CNTC “la gravedad de esta situación se refleja en los costes: cada vehículo pesado está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales, lo que supone un impacto agregado de casi 450 millones de euros para el conjunto del sector. Este esfuerzo esta siendo asumido íntegramente por las empresas, comprometiendo seriamente su viabilidad”.

“Pedimos a la Administración que sea sensible a la situación del sector y que básicamente lo que tenía que haber hecho el gobierno de España es calcar las medidas que se aplicaron con la guerra de Ucrania. Dijeron que lo iban a hacer, pero al final, cuando he visto el Real Decreto no está publicado más allá que la bonificación de los 20 céntimos del carburante, que está bien, pero no es la solución para paliar todo el efecto del incremento del carburante por la guerra de Irán”, denuncia Fernando García, director de la Agrupación Segoviana de Empresario de Transporte, ASETRA.

“Pedimos una ayuda directa a mayores para paliar el impacto que ha tenido durante estas tres o cuatro semanas el incremento del precio del caburante, un 30% por lo menos, es decir unos 50 o 60 céntimos por litro”, asegura García al tiempo que explica “que el dato es muy sencillo para que se entienda. Una empresa que tiene un depósito de gasóil de 27.000 litros en su nave para sus vehículos, antes del conflicto lo llenaba por unos 28.000 euros —precio sin IVA, para que sean números redondos—. Pero es que ahora, y desde hace una semana, esa misma cisterna está costando prácticamente el doble. Costes que son un auténtico dineral para las empresas”.

“Esperamos que el Gobierno rectifique pronto, porque el riesgo para la continuidad del sector es real, pudiendo derivar en graves problemas en la cadena de suministro”, añade García.

Por todo ello no se descartan movilizaciones si no se adoptan medidas adecuadas. De hecho, el CNTC puso de fecha límite el 27 de marzo para reunirse con los ministros implicados y encontrar soluciones. Pues según señala su presidente Javier Arnedo “el transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”.

Por su parte, las organizaciones agrarias consideran “claramente insuficiente” el paquete contenido en el Real Decreto- ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada del conflicto de Oriente Medio.

En otros aspectos, la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, reclamó la reducción permanente del IVA de los insumos agrarios al mínimo permitido por la normativa europea, la implantación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida aplicada directamente en el precio en surtidor de forma estable, así como la aplicación continuada de un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío que permita adaptar la potencia contratada a las necesidades reales de las explotaciones. Y desde UCCL-Segovia aseguran que “el conjunto de medidas sigue siendo claramente insuficinte para responder a la magnitud del impacto sobre el sector agrario”.

Desde ASAJA, a través de su presidente nacional, Perdro Barato, consideran “netamente insuficientes” las ayudas planteadas, especialmente en relación con la bonificación del gasóleo agrícola.

Y desde UPA exigen al Gobierno y Comunidades Autónomas que actúen para poner freno al alza de los costes de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

UPA y UCCL denuncian la exclusión de la apicultura en las ayudas

Organizaciones Agrarias reclaman el acceso agrícola bonificado y piden a la Administración que reconozca la especificidad de la apicultura, garantizando su acceso a este tipo de ayudas

El sector apícola de Unión de Campesinos de Segovia-UCCL critica que se le haya obviado no pudiendo acceder a este tipo de ayudas cuando es fundamental para su actividad, tras la publicación en el BOE de las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno el pasado viernes.

Unión de Campesinos de Segovia- UCCL critica que la apicultura se haya quedado fuera. A diferencia de otras producciones agrarias, la apicultura no ha tenido históricamente acceso a este tipo de ayudas, a pesar de su carácter plenamente agrario, por lo que las medidas anunciadas no hacen más que perserverar con una situación que ya era injusta.

“La apicultura, que ya está excluida de las ayudas de la PAC y de la devolución del IEH, vuelve a ser discriminada en las ayudas por la guerra de Irán”, aseguran desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Por lo que UPA ha requerido al Gobierno que “incluya el sector en la convalidación del decreto en el Congreso”.

Unión de Campesiones de Segovia -UCCL explica que “la actividad apícola depende de forma directa del consumo de gasóleo, especialmente por la trashumancia, una práctica esencial que consiste en el traslado de las colmenas a diferentes zonas a lo largo del año para garantizar la floración, la producción de miel y la salud de las abejas. Este movimiento constante implica un elevado coste en combustible que resulta imprescindible para mantener la actividad”.

En concreto, UCCL cifra “un coste extra de gasóleo al año para la apicultura trashumante de, al menos, 800 euros para una explotación con el número mínimo de colmenas — 150— y un coste que puede llegar hasta los 10.000 euros para una explotación de 1.500 colmenas. Por lo que se refiere a la estante, el coste extra de gasóleo estaría entre los 400 euros y los 4.000 euros”.

Asimismo, señala que “los apicultores deben realizar desplazamientos frecuentes para el manejo de las colmenas, incluyendo tareas de alimentación, control sanitario y seguimiento de la producción. A ello se suman los costes adicionales derivados de actuaciones como el control de plagas o la vigilancia de las colmenas, que incrementan aún más el consumo de gasóleo”.

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL denuncia que “esta situación supone un claro agravio comparativo respecto a otros sectores ganaderos y agrícolas, que sí pueden beneficiarse del gasóleo bonificado. Por ello, reclama a la Administración que reconozca la especificidad de la apicultura y garantice su acceso a este tipo de apoyo”.

El sector recuerda que las abejas desempeñan un papel fundamental en la polinización de cultivos y ecosistemas, siendo clave para la producción de alimentos y la biodiversidad. Asegurar la viabilidad económica de la apicultura es, por tanto, una cuestión estratégica para el conjunto del sistema agrario.