Los tres clubes segovianos que se han visto excluidos de las competiciones nacionales de fútbol sala tras la decisión del Juez Único de Competición de Fútbol Sala de la RFEF, han presentado un recurso al Tribunal Administrativo del Deporte en el que se incluye la petición de adopción de unas medidas cautelares que les permitan retornar a sus respectivas competiciones, que afrontan en estas semanas la recta final.
“Tenemos que poder mostrar que puede haber un perjuicio irreparable si no se adoptan estas medidas”, señalan fuentes de uno de los clubes afectados por esta decisión de la RFEF. Y eso es así porque el TAD suele estudiar detenidamente los recursos que plantean los clubes siempre que presenten dos requisitos. Uno de ellos es el fundamento legal, y el otro es lo que se denomina ‘peligro en la demora’. que tiene que ver con la existencia de un riesgo grave de que el daño causado por la no adopción de esta medida cautelar sea irreparable.
En un principio, aparece como posible que el Tribunal Administrativo del Deporte pueda adoptar las medidas cautelares, puesto que de no adoptarse el perjuicio puede ser más que importante para dos de los tres clubes, el Segosala y el San Cristóbal, inmersos con sus equipos en plena pelea por sus respectivas fases de ascenso a Primera División femenina y a Segunda Masculina. E incluso el Ontex Valverde de Tercera División podría tener opciones de poder aspirar a jugar por el ascenso a la Segunda División B.
Licenciados en Derecho
El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano colegiado de ámbito estatal, que depende del Consejo Superior de Deportes, y está compuesto por siete miembros licenciados en Derecho, y sus resoluciones agotan la vía administrativa. Normalmente sus miembros se reúnen en sesión ordinaria los jueves, fecha en la que resuelven todos los expedientes que se les han presentado, aunque cuando la medida cautelar que se solicita afecta a partidos o competiciones que se disputan entre semana, puede convocar una sesión extraordinaria.
Ese es el clavo ardiendo al que se aferran ahora los clubes segovianos, cuyos representantes acumulan ya un buen número de días preparando recursos y mirando todas las opciones legales para conseguir que sus equipos puedan finalizar la temporada. Porque, más allá de que la resolución definitiva del TAD acerca del asunto de fondo pueda prolongarse, ya que tiene un plazo máximo de decisión de seis meses, las medidas cautelares se aplican de manera inmediata. Eso es lo que quieren los clubes, evitar que el perjuicio causado al expulsarlos de la competición sea irreversible si, tiempo después, el Tribunal Administrativo del Deporte decide revocar esa expulsión.
