La entrevista que el programa de Ana Rosa Quintana realizó a Isabel García, la mujer de Santiago del Valle, condenado el pasado viernes por la muerte de la niña Mari Luz, ha reabierto un viejo debate sobre las interferencias que los medios, sobre todo televisivos, causan en los procesos judiciales.
Los magistrados no creen que deba llegarse a la aprobación de una ley que limite la actuación de los profesionales, pero sí reclaman que estos se autorregulen mediante un código ético para no dar lugar a esas interferencias escudándose en lo que pide la audiencia. Aunque puesto de nuevo de actualidad por la citada primicia, el debate es viejo y se remonta, cuando menos, al caso de las niñas de Alcásser, asesinadas en 1992.
El circo mediático surgido en torno a ese suceso acabó con el padre de una de las menores, Fernando García, condenado por descalificar al fiscal, a los forenses y a la Policía en un programa de Canal 9 emitido en 1997, mientras se celebraba la vista oral contra el autor del crimen.
Cuando el espectáculo llega a los tribunales, las garantías de los ciudadanos se ven afectadas. Y también la imagen de la Justicia, como demuestran los últimos datos del CIS, que ponen de manifiesto la percepción mediatizada que se tiene «por la manipulación de determinados periodistas», según sostuvo ayer José Luis Ramírez, el portavoz de Jueces para la Democracia.
Para este magistrado, una regulación por ley sería muy complicada, ya que desde fuera es muy difícil abordar cuándo un medio ha cometido un exceso y cuándo no, con el peligro de que involuntariamente se pudiera llegar al límite de la censura.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, apoyó también la autorregulación a través de unas reglas deontológicas. Así, advirtió de que la opinión pública puede afectar a los procesos judiciales, pues existe el riesgo de que se cree una idea colectiva frente a la presunción de inocencia y, con ello, menoscabar la credibilidad de la Administración de Justicia.
No es de la misma opinión el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Abraham Barrero Ortega, que expresó su apuesta por una ley que aborde la relación entre magistrados e informadores y que, entre otros asuntos, regule los denominados juicios paralelos.
Mientras, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, sostuvo que hay regulación y disposiciones suficientes para que los ciudadanos y la libertad de expresión estén protegidos, al tiempo que se preguntó: «¿Para qué más leyes si no se aplican las que hay?».
De este modo, defendió la autorregulación en el periodismo, pero añadió que hay espacios televisivos que poco tienen que ver con él: «Es espectáculo ajeno a la profesión», afirmó, al tiempo que recordó que el Gobierno pidió a las cadenas que se autocontrolaran y éstas no lo han hecho nunca.
Desde el Consejo General del Poder Judicial, su portavoz, Gabriela Bravo, denunció las actuaciones de determinados medios de comunicación cuando tratan de usurpar la función que corresponde a los magistrados, que es la de administrar Justicia.
Por último, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró muy negativo que se traslade al ámbito del show lo que es un asunto muy serio sometido a juicio: «La prensa no está por encima de la ley o al margen de ella».
