Creo que mis legislaturas en el Congreso de los Diputados, la del ayuntamiento de Segovia, mi antigua colaboración en la fundación Humanismo y Democracia, y mi militancia en tres partidos (breve en UCD donde me expulsaron por defender la Uniprovincialidad de Segovia, breve en el PDP del que me di de baja tras la traición a la coalición AP-PDP-UL, y más extensa en el PP), podrían concederme cierta autoridad para señalar algo que probablemente a algunos les incomode.
Pero como ya no tengo edad para preocuparme por posibles réplicas a mis opiniones, quiero manifestar con claridad que, para nuestra desgracia, nos hemos ido deslizando estos últimos años hacia una democracia de partidos en vez de a una democracia de ciudadanos, lo que a mi juicio es francamente negativo. Y además, lo entiendo como una crítica certera y profundamente reveladora sobre uno de los problemas estructurales que aquejan a muchas democracias contemporáneas, y ciertamente a la española. A primera vista, podría parecer una simple valoración, pero en realidad es una denuncia contra la deriva oligárquica del sistema democrático moderno. Así que voy a hacer un breve comentario sobre su significado y consecuencias.
La democracia, en su forma más genuina, se basa en la soberanía nacional, donde el poder reside en el pueblo que lo delega temporalmente en sus representantes. Sin embargo, esta frase oculta el hecho inquietante de la sustitución progresiva del ciudadano como protagonista de la vida pública, por los partidos como únicos actores válidos del juego político.
En el caso español, la transición democrática, pilotada con éxito por Juan Carlos I, se construyó en torno a un compromiso pragmático entre los herederos del franquismo y las fuerzas opositoras. Para garantizar la estabilidad, se dotó a los partidos de un papel central para que canalizaran el pluralismo político, articularan las instituciones y organizaran la representación. Era comprensible en aquel contexto histórico. Pero con el paso del tiempo, esa equidistancia se convirtió en hegemonía, y lo que fue un instrumento útil para la democratización, se transformó en un fin en sí mismo.
La Constitución de 1978 ya deja ver esta tendencia en su artículo 6, otorgando a los partidos políticos el papel de “instrumento fundamental para la participación política”. Pero esa formulación ambigua se ha traducido en la práctica en una colonización casi total de las instituciones por parte de los partidos, desplazando a la ciudadanía de los centros de decisión y encerrándola en un papel puramente pasivo que consiste en votar cada cuatro años.
En una democracia de ciudadanos, la política se viviría como una responsabilidad compartida, donde la deliberación, la participación directa y el control del poder, serían valores centrales. Pero en una democracia de partidos, la lógica es otra porque se vota a unas siglas, se delega todo el poder, y se asume que los partidos saben lo que conviene a la sociedad, como si fueran custodios de una sabiduría superior.
El resultado es un sistema donde el ciudadano ya no es el centro de gravedad, sino un receptor pasivo de decisiones tomadas por cúpulas cada vez más alejadas del día a día. Se rompe así el lazo entre representación y rendición de cuentas. El eslogan democrático “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley” pierde fuerza cuando las élites partidarias tienen privilegios, inmunidad y resortes de control que el ciudadano común no puede ni soñar.
Esta deriva desemboca en lo que algunos han llamado “partitocracia. La democracia formal sigue existiendo —hay elecciones, hay Congreso, hay libertades civiles— pero el espíritu democrático se debilita. La política se convierte en un circuito cerrado, que sirve de referencia, donde las cúpulas deciden y las bases aplauden o callan.
Además, y eso se comenta mucho en la calle, algunos responsables eternos de ciertos partidos hacen sus propios corralitos de amiguetes, y actúan como si de un cortijo se tratara, sometiendo a los militantes a la condición de siervos, lo que no es ni admisible ni tolerable, porque en democracia no hay siervos, solo hay ciudadanos. Lo que hay que hacer es debatir internamente de una manera seria, hacer pedagogía, crear opinión en los medios, atender a los diversos sectores, elegir a los mejores, y sobre todo, trabajar por la provincia a la que representan. En definitiva, ser una referencia clara para los ciudadanos. Y eso obliga a trabajar mucho a los cargos electos, algo que no siempre se percibe.
Y como la gente se da cuenta de todas estas circunstancias, la desconexión entre partidos y ciudadanos tiene un efecto devastador: la desafección política. Muchos ciudadanos ya no creen en el sistema, no porque sean cínicos o ignorantes, sino porque lo perciben como una maquinaria controlada por unos pocos para sus propios fines. Y esta desafección es el caldo de cultivo perfecto para el populismo, porque cuando los ciudadanos no encuentran canales reales de participación, buscan atajos emocionales, discursos simples y promesas de liberación inmediata.
La constatación de una “democracia de partidos” no sólo es una crítica; es también una llamada a la reflexión. ¿Podemos revertir esta tendencia? ¿Podemos reconstruir una democracia donde el ciudadano vuelva a tener voz, peso y protagonismo real?
La respuesta no es fácil, pero algunas pistas están claras. Reformar los partidos para que sean más democráticos internamente. Cambiar las leyes electorales para que haya más representación directa buscando a los mejores y no solo a los que designan los jefecillos de las provincias. Fortalecer la sociedad civil, promoviendo asociaciones, foros deliberativos y mecanismos de participación ciudadana real. Impulsar mecanismos como el referéndum vinculante, la iniciativa legislativa popular efectiva o los presupuestos participativos. Despolitizar organismos públicos clave y garantizar la independencia del poder judicial y de los medios. Recuperar instituciones eliminadas sectariamente como las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana cuya existencia hoy día habría impedido ciertos desmanes legislativos que están provocando serios problemas a la propiedad y a los ciudadanos.
Todo esto implica una transformación cultural y no solo institucional. Implica educar al ciudadano para la responsabilidad y no para la sumisión. Una democracia de ciudadanos requiere esfuerzo, vigilancia y participación constante. No basta con indignarse. Hay que actuar, organizarse y exigir.
“Construir una democracia de partidos en lugar de una democracia de ciudadanos” es el epitafio prematuro de un proyecto democrático que, en lugar de dar autoridad al pueblo (empoderar que diría un pijo-progre), lo sustituye por estructuras partidistas. Pero también es una advertencia que señala que el ciudadano debería volver a una posición central, no como cliente del sistema, sino como su legítimo dueño.
Y eso, en el fondo, es el verdadero sentido de la democracia. Ya nos avisaba el politólogo e investigador italiano, Giovanni Sartori, que “los partidos son necesarios para la democracia, pero demasiada partitocracia mata la democracia”. Aunque fue todavía más incisivo el prestigioso catedrático Juan Iglesias: ”Solo se logra la salvación de la democracia si a los votos no sigue el imperio de la partitocracia”.
