Castilla y León ocupa un lugar singular en el mapa de la dependencia: atiende a una proporción alta de personas mayores y, cuando la necesidad es residencial, recurre más que nadie a la prestación económica vinculada. Así lo refleja el informe de la patronal de la dependencia Ceaps, Estudio socioeconómico de la atención residencial para personas en situación de dependencia en España.
El punto de partida es el crecimiento nacional de la demanda financiada con fondos públicos. En 2024 se concedieron 284.629 prestaciones de atención residencial en el país, 9.417 más que en 2023. El informe agrupa dos vías: las prestaciones de servicio residencial (plaza pública o concertada) y las prestaciones económicas vinculadas al servicio, que se otorgan cuando el sistema no puede ofrecer plaza y la persona contrata el recurso con apoyo económico.
La serie 2018-2024 confirma una tendencia sostenida: el total pasa de 225.050 prestaciones en 2018 a 284.629 en 2024. En 2024, 184.545 prestaciones (el 65%) fueron de servicio residencial, mientras que 100.084 (el 35%) correspondieron a prestaciones económicas vinculadas. El documento señala que estas últimas crecen más rápido (en torno al 9% anual desde 2018) y que, entre 2023 y 2024, sumaron unas 6.000 nuevas prestaciones, frente a unas 3.000 del servicio residencial.
Castilla y León destaca por cómo se reparte esa demanda. Mientras que en el conjunto de España la prestación económica vinculada supone el 35% de las prestaciones residenciales, en Castilla y León alcanza el 70%, dejando el 30% para el servicio residencial. Con datos actualizados a 31 de enero de 2026, en castilla y León hay reconocidas 19.261 prestaciones para atención residencial, de las que 15.712 son prestaciones económicas vinculadas al servicio, y tan solo 3.549 son de atención residencial. Traducido a lenguaje llano: siete de cada diez prestaciones de atención residencial en la comunidad se canalizan mediante ayudas económicas para contratar plaza, el doble de la media nacional. Aragón (65%) y Galicia (50%) son las regiones que más se aproximan a ese nivel de uso de la prestación vinculada. Esa diferencia coloca a la comunidad como una excepción estadística.
El contraste con otras autonomías es rotundo. Cantabria, País Vasco, Murcia y Andalucía mantienen una proporción de prestación vinculada inferior al 15%, lo que implica que su demanda se cubre mayoritariamente como servicio directo. Ceuta y Melilla aparecen en el extremo: 100% de servicio residencial y 0% de prestación vinculada.
El informe no entra en este capítulo a valorar la cuantía de las ayudas ni su ajuste al coste real de una plaza, pero la elección de una u otra vía tiene efectos. La prestación vinculada puede actuar como válvula de escape cuando faltan camas en la red pública o concertada: ante una necesidad inmediata, la administración sostiene el acceso financiando parte del precio. A la vez, desplaza gestión a las familias, que deben buscar recurso y, a menudo, cubrir la diferencia entre coste y ayuda.
La receta se repite a la hora de solicitar centro de día o de noche. En Castilla y León, la prestación económica vinculada a este servicio es del 63%, la más alta de España, quedándose el servicio de centro de día o de noche en un 37%.
En Castilla y León, esta opción puede relacionarse con un territorio muy disperso y envejecido, donde la proximidad del recurso y la disponibilidad de plazas varían entre provincias. En ese contexto, subvencionar el acceso a una plaza concreta —aunque sea privada o en otro municipio— puede ser la forma más rápida de responder en el corto plazo.
Que Castilla y León lidere este modelo no ocurre en un contexto de baja cobertura, sino al contrario. En el mismo bloque de prestaciones, la comunidad encabeza el porcentaje de población mayor de 65 años que recibe alguna prestación del sistema: un 20%, por encima del promedio nacional (15%).
Otro indicador apunta en la misma dirección: Castilla y León registra 1,41 prestaciones por persona con resolución de Programa Individual de Atención (PIA), ligeramente por encima del promedio español (1,40). Esa ratio sugiere combinaciones de apoyos y recuerda que la atención residencial forma parte de itinerarios de cuidados donde se alternan recursos según el grado de dependencia y la disponibilidad territorial.
