Castilla y León es la comunidad donde más rápido se tramitan las prestaciones y servicios que reconoce la ley de dependencia, con 113 días de promedio, por debajo de la normativa que establece un tiempo máximo de tramitación de 180 días. El tiempo de espera se redujo en la comunidad en seis días durante 2025, cuando en el conjunto nacional se elevó en siete, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. A Castilla y León le siguen en agilidad de tramitación el País Vasco (129), Aragón (141) y Castilla-La Mancha (165), La Rioja (174) y Navarra (201), que se encuentran cerca del plazo máximo; y en el otro extremo se sitúan Canarias (430), Andalucía (496 días), Murcia (559 días).
El Observatorio Estatal para la Dependencia que elabora esta información señala que existen 258.167 personas en lista de espera a nivel nacional, 6.441 más que al empezar el año, cuyo tiempo medio de espera de 341 días, siete más que al empezar el año.
En la comunidad de Castilla y León las personas beneficiarias con prestación crecieron un 4,5% (fue el 9,4% de media nacional), mientras que las personas dependientes se elevaron un 2,4% (frente al 9% nacional), empujados sobre todo por Canarias, donde se dispararon un 30%, Galicia (20,1%) y Andalucía (un 12,2%).
Además, según el informe, el número de personas en la lista de espera en este 2025 disminuyó en un 33% en la comunidad, en línea con la bajada del 4,5% en toda España. Solo Galicia, con el 45%, redujo más este indicados que Castilla y León.
Un total de 7.875 personas se encontraban en lista de espera en la comunidad a 1 de enero de 2016. Dos de cada tres de las personas que se encuentran en lista de espera están en cinco comunidades: Cataluña (82.001 personas), Andalucía (40.092 personas), Comunidad Valenciana (28.847 personas), Canarias (22.023) y Murcia (15.131).
Además, el 4,8% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite en Castilla y León (el quinto más bajo), es decir, están desatendidas, según el informe, porcentaje que se eleva al 11,1% en la media nacional.
En estos primeros nueve meses han fallecido 392 personas en Castilla y León pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA, lo que se conoce como el limbo de la dependencia.
