En 2026, las patronales y los sindicatos deben negociar el IX Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. Esta situación mantiene dudas recurrentes en el sector, especialmente en materia salarial, tanto entre las plantillas como entre las empresas gestoras de residencias de personas mayores, centros de día, servicios de atención domiciliaria y teleasistencia.
El último convenio marco estatal aprobado extendía su ámbito temporal hasta el año 2025. En consecuencia, y mientras no se publique un nuevo convenio colectivo, el sector continúa rigiéndose por el marco normativo actualmente en vigor, tanto en lo relativo a clasificación profesional como a condiciones salariales.
Durante el año 2025, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se situó por encima de lo establecido en el convenio estatal para varias categorías profesionales, lo que obligó a muchos centros a realizar equiparaciones salariales para cumplir con la normativa vigente. En este contexto, desde las patronales del sector se recomienda aplicar un “pago a cuenta” para garantizar el cumplimiento del SMI mientras se esperan nuevas tablas salariales. Josep Maria Barcelona, responsable del Departamento de Derecho Administrativo en Bufete Escura y experto en el sector geroasistencial, señala: “Lo que se recomienda hacer es un pago a cuenta denominado ‘a cuenta convenio’, que se regulariza cuando se publican las tablas salariales”.
Añade: “En ningún caso se puede pagar menos del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, aunque las tablas salariales no se hayan publicado”.
Por tanto, teniendo en cuenta la obligatoriedad de mantener el SMI, las tablas salariales para 2026, por el momento, son las mismas que para 2025 en residencias de mayores, ayuda a domicilio y teleasistencia, previstas en el marco del VIII Convenio Marco Estatal. El acuerdo establecía una subida salarial del 4% para 2023; en 2024, el aumento fue del 2,5%, y es de otro 2,5% en 2025, incluyendo una cláusula de actualización salarial de hasta un 12%, además del incremento aplicado en 2022 del 6,5%.
Entre los sueldos base de 2025 citados para residencias figuran: administrador, gerente, director (2.103 euros); médico o titulado superior (1.792 euros); ATS, DUE (1.568 euros), trabajador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional (1.456 euros), gerocultor, cocinero, conductor (1.160 euros) y personal no cualificado (1.052 euros). En ayuda a domicilio: responsable de coordinación (2.348 euros), coordinador (1.660 euros) y auxiliar (1.146 euros). En teleasistencia: director gerente (1.791 euros), director de centro (1.736 euros), supervisor (1.681 euros), coordinador (1.453 euros), teleoperador (1.246 euros) e instalador (1.201 euros).
En las negociaciones del IX Convenio Marco Estatal de la Dependencia las cinco patronales del sector, AESTE, ASADE, CEAPS, FED y LARES coinciden en la necesidad de avanzar desde parámetros de cooperación, consenso y responsabilidad compartida. Estas entidades han alcanzado un acuerdo estratégico con el propósito de fortalecer la unidad empresarial, mejorar la defensa de los intereses comunes y priorizar acuerdos que se traduzcan en avances tangibles tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia.
La firma de este acuerdo se produce en un contexto especialmente exigente para el sistema de cuidados. La insuficiencia financiera, la escasez creciente de profesionales, el incremento sostenido de los costes y una demanda asistencial al alza configuran un escenario complejo que condiciona el presente y el futuro inmediato del sector.
