Empresa Familiar (EFCL) y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) han hecho una “llamada de socorro” para las empresas del mundo rural y han presentado una hoja de ruta con 100 propuestas para los partidos que concurren a los comicios autonómicos del 15 de marzo, con los principales retos de agilizar los planeamientos urbanísticos para generar suelo industrial y vivienda, reducir las trabas burocráticas y mejorar la fiscalidad en los pueblos para atraer actividad y población.
Los presidentes de EFCL, Isidoro Alanís, y de Vitartis, Santiago Miguel, presentaron este martes el documento ‘Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León’.
Isidoro Alanís incidió en que los partidos políticos, a los que han solicitado reuniones, deben aplicar estas medidas para salvar el medio rural, “o en los próximos diez años desaparecerán casi todos los municipios”. “Las empresas del mundo rural están en situación crítica”, sentenció, “la sociedad no quiere saber nada de los pueblos, no se invierte, no se crean infraestructuras, es una realidad”.
Agregó que EFCL y Vitartis ponen con este documento “negro sobre blanco” las medidas que deben poner en marcha la próxima legislatura, porque sino “caeremos en una situación dramática en la que muchas de las empresas del medio rural podrían desaparecer, desaparecerán los puestos de trabajo y los municipios de dimensión media”.
El responsable de Vitartis dejó claro que a las empresas les acucian los mismos problemas, como el exceso de burocracia y la falta de recursos humanos, y apeló a actuar para salvar un tejido empresarial que vertebra el territorio. “Hemos llegado a un situación en la que se puede dar la parálisis por el análisis”.
Menos de 1.500 habitantes
Los dos responsables analizaron las principales medidas que exigen al futuro gobierno de la Comunidad, en una autonomía en la que, como recordó el presidente de EFCL, el 98 por ciento de los municipios tiene menos de 1.500 habitantes. Isidoro Alanís exigió un cambio en la tramitación de los planes urbanísticos en los pueblos, que deberían desarrollarse en un plazo máximo de dos años, cuando ahora, tardan hasta ocho, y los pueblos deben reportar a 17 instituciones distintas, en un proceso que “no tiene sentido”.
Alanís advirtió de la necesidad de agilizar este proceso, del que depende la generación de suelo industrial para la implantación y el crecimiento empresarial y la capacidad de construcción de vivienda.
“Hay que simplificar todas las tramitaciones necesarias”, defendió.Habló además de la necesidad de flexibilizar los asesores que puedan realizar los recursos técnicos y administrativos. Recalcó que los pueblos no tienen capacidad, por lo que hay que poner fórmulas para poder subcontratar estas gestiones. Alanís defendió también la cooperación público privada urbanística.
Consideró también esencial el desarrollo de los polígonos industriales, y exigió un “planteamiento más agresivo” en esta materia que el actual de la Junta.
Burocracia y medidas fiscales
Por su parte, Santiago Miguel recordó la importancia de la industria agroalimentaria en el medio rural, con un 45 por ciento implantada en localidades de menos de 3.000 habitantes, donde genera el 35 por ciento del empleo, y apeló a adoptar medidas para “acabar con las trabas urbanísticas y de vivienda”.
El presidente de Vitartis exigió reducir las cargas administrativas en licencias y permisos para ubicar estas actividades, y apeló a la simplificación fomentando las declaraciones responsables, por ejemplo, en trámites ambientales. Aseveró que la seguridad jurídica también es importante y reclamó que “se eviten duplicidades que muchas veces son contradictorias”.
Miguel también exigió mejoras fiscales sustanciales que faciliten la actividad económica en el medio rural y la captación de población, y consideró conveniente implantar rebajas en el IRPF, así como en determinados impuestos (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) para la adquisición de vivienda, o bonificar al cien por cien las transmisiones de empresas familiares y las tasas autonómicas relacionadas con la industria, energía, agroalimentación y explotaciones agrícolas y forestales.
Por último, defendió que las actividades deben “mimetizarse” con el entorno donde se desarrollan, para que se vean como una “oportunidad” y no generen rechazo social, como por ejemplo, las macrogranjas, y apostó por vincular la industria con la cultura y la sociedad.
