La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación denuncia que el actual escenario de incertidumbre sobre los desahucios, tras la caída del Real Decreto-ley Ómnibus, es la consecuencia inevitable de seis años de negligencia institucional. Durante este periodo, el Gobierno ha derivado de forma consciente y deliberada su responsabilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna a las familias vulnerables e inquiocupas sobre los hombros de pequeños propietarios y jubilados, quienes constituyen el 93,4% del mercado del alquiler. Esta estrategia de utilizar la propiedad privada ajena como ‘escudo social’ ha permitido al gobierno ocultar la falta de medidas estructurales, la carencia total de recursos habitacionales y la inexistencia de partidas presupuestarias destinadas a resolver el problema de fondo.
Según el portavoz de la Plataforma, Ricardo Bravo: “Un año de medidas excepcionales es una respuesta a una crisis; seis años de prórrogas es una expropiación encubierta y una dejación de funciones intolerable. Pero lo más grave es que, lejos de asumir su error, el Ejecutivo sigue alimentando una confrontación perversa entre familias vulnerables y afectados que solo reclaman lo que es suyo».
La gravedad de la situación actual no es fruto del azar, sino del diseño de un decreto que ha provocado un aumento exponencial en el número de familias calificadas como vulnerables -y otras muchas que han forzado la vulnerabilidad para acogerse a este decreto-. Al colocar el umbral económico de la vulnerabilidad en ingresos de 1.800 euros mensuales, que pueden escalar hasta los 2.200 euros en hogares con hijos a cargo o personas dependientes, el gobierno ha incluido bajo este paraguas de protección a rentas medias que en cualquier otro contexto no serían consideradas en exclusión. Esta expansión artificial de la vulnerabilidad por decreto, sin ir acompañada de ayudas públicas ni de alternativas habitacionales, ha incentivado la inquiocupación y ha dejado al propietario particular como el único y forzoso pagador de una política social que el Gobierno se ha negado a financiar.
La paralización de desahucios, sin una alternativa habitacional pública para los evaluados como vulnerables, ha generado una acumulación ingente de procedimientos judiciales de desahucio bloqueados, que según las distintas fuentes pueden situarse entre los 60.000 y 80.000 casos, y que tras la finalización de la suspensión empiezan a ejecutarse sin la certeza de que el Gobierno pueda disponer de recursos habitacionales para evitarlos. El decreto en origen no solucionaba el problema de fondo sino que simplemente lo posponía.
Al mismo tiempo, el decreto antidesahucios ha llevado al mercado del alquiler a una tensión jamás conocida. La falta de seguridad jurídica desincentiva la oferta de vivienda en alquiler ya que muchos propietarios prefieren retirar sus inmuebles del mercado o destinarlos a otros usos (venta, alquiler turístico, uso propio). Menos oferta, con demanda constante o creciente, se traduce inevitablemente en precios más altos.
Paradójicamente, esta situación también genera inhibición ante la vulnerabilidad habitacional. Si alquilar implica asumir riesgos no gestionables, los propietarios seleccionan perfiles más conservadores o directamente evitan alquilar a colectivos con mayor riesgo social. El resultado es el contrario al buscado: los hogares más vulnerables encuentran aún más barreras de acceso.
Por último, la disminución de vivienda disponible, tanto pública como privada, evidencia un fallo estructural. La vivienda pública sigue siendo insuficiente, y la privada se retrae ante un entorno regulatorio percibido como hostil.
La protección social es una función indelegable del Estado. Los propietarios no pueden ni deben sustituir a las administraciones públicas en esa tarea. Si se quiere garantizar el derecho a la vivienda, la solución pasa por aumentar el parque público, agilizar los procesos administrativos, coordinar políticas sociales y ofrecer seguridad jurídica a todos los actores.
Porque sin seguridad jurídica no hay oferta, sin oferta no hay mercado, y sin mercado no hay acceso real a la vivienda.
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* Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación.
