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Convalidada, por unanimidad, la subida del salario de 2025 y 2026 de los empleados públicos en Castilla y León

por El Adelantado de Segovia
2 de febrero de 2026
Intervención del Consejero de Economía en la Diputación Permanente de las Cortes. / Miriam Chacón

Intervención del Consejero de Economía en la Diputación Permanente de las Cortes. / Miriam Chacón

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La Diputación Permanente de las Cortes ha convalidado este lunes, por unanimidad, el decreto-ley que contempla la revalorización de los salarios del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026, aunque los socialistas, Vox y UPL expresaron sus críticas tanto al procedimiento utilizado por la Junta, como a las subidas aplicadas, ya que entienden que no cubren el incremento de la inflación de los últimos años.

La norma, ratificada en una sesión de unos 45 minutos, contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1,5 por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más este año. Los importes correspondientes a los atrasos se abonaron en esta primera nómina del año, en la que también se aplicó el aumento fijado para este ejercicio.

En su intervención, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el decreto-ley se centra exclusivamente en el salario de los empleados públicos, “sin aprovechar la ocasión” para incluir otras cuestiones diferentes, que según señaló, pueden abrir desavenencias entre los grupos parlamentarios, en clara referencia al ‘decreto ómnibus’ que recogía la subida de las pensiones, entre otras medidas, y que fue tumbado por el Congreso de los Diputados.

Igualmente, Fernández Carriedo informó de que la mejora retributiva tiene un impacto de 403 millones de euros en las arcas de la Comunidad, por lo que consideró oportuno que la reforma del sistema de financiación autonómica sea negociado, asegurando los principios de “igualdad, solidaridad y suficiencia”, para garantizar la multilateralidad de forma que, “lo que afecte a todos, se acuerde entre todos”.

De esta forma, el consejero portavoz indicó que la Junta ha aplicado el importe máximo permitido por la legislación básica del Estado y se ha anticipado 35 meses el abono de las cantidades reconocidas con efecto retroactivo. No obstante, reconoció que el país atraviesa un momento complicado al tener una inflación en niveles elevados.

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