La Junta de Castilla y León calcula que dejará de recibir de momento 160 millones de euros tras no actualizarse las entregas a cuenta para 2026 y mantenerse la cifra prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, tras no haber aprobado el Gobierno las cuentas correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el decreto ómnibus, rechazado por la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y que provoca el decaimiento de la prórroga de las entregas a cuenta a las Comunidades autónomas, incluía también otras medidas y provocará que la Comunidad se quede sin unos 160 millones al mes, puesto que no se aplicarán las cantidades comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) del pasado mes de diciembre.
En ese sentido, explicó que la Junta tiene que afrontar los gastos y “retos” de 2026 con unos recursos del modelo de financiación autonómica fijados para 2023. Esto, recordó Fernández Carriedo, ya sucedió hace un año cuando decayó otro ‘decreto ómnibus’ del Gobierno, lo que se tradujo en unos 100 millones de euros mensuales menos para las arcas de la Comunidad, y en 2024, tras no haber nuevos presupuestos, unos 50 millones menos cada mes.
Asimismo, el consejero portavoz garantizó la “adecuada” prestación de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales a la población, pero insistió en que la Junta, como una “familia”, un ciudadano o una empresa, lo tiene que hacer asumiendo un coste del año 2026 con unos recursos estimados para 2023.
Al respecto, Fernández Carriedo apuntó que la Junta por su “situación” puede hacer frente a estos gastos en una “mejor” posición que otras comunidades. No obstante, indicó que esto afecta a todas las comunidades y señaló que el Gobierno debería haber presentado el pasado año una solución “con carácter más rápido”, porque hasta el pasado mes de septiembre no pudieron disponer de esos recursos adicionales, unos 1.500 millones de euros (todo el año). “Esperemos que se pueda resolver lo antes posible”, dijo.
Finalmente, el portavoz de la Junta aclaró que sus palabras respondían a una información solicitada por parte de los periodistas que habían acudido a su intervención, por lo que pidió que no se tomara como una “crítica política”, sino como un “comentario” solicitado.
Acuerdo UE-India
El Consejero aseguró que el acuerdo comercial entre la Unión Europea e India, la cuarta economía del mundo, supondrá un “reto” y un “desafío” para las empresas de Castilla y León, ya que insistió podrán elevar sus ventas hacia ese país asiático, el más poblado del planeta.
Fernández Carriedo indicó que este acuerdo, a diferencia del suscrito con Mercosur, ha sido “más pacífico” ya que además ha salvaguardado a los principales sectores productivos de la Comunidad. En conjunto, consideró que será “muy importante” para el “futuro económico” que Europa tenga una “relación comercial y de amistad” con India.
Asimismo, el consejero portavoz señaló que los últimos datos de comercio internacional, correspondientes a noviembre, indican que las exportaciones de Castilla y León a India fueron de 42,7 millones de euros, frente a los 100,5 millones que importó la Comunidad desde este país, lo que supone una tasa de cobertura del 42,5 por ciento.
En ese sentido, Fernández Carriedo aseguró que el nuevo acuerdo de Europa con India tiene un “amplio recorrido” de desarrollo para las empresas de Castilla y León, que destacó tienen capacidad de competir en los mercados internacionales.
La India concederá a la Unión Europea reducciones arancelarias. Por ejemplo, los vinculados sobre los automóviles se van a reducir gradualmente del 110 al diez por ciento, y se eliminarán por completo para las piezas de automóviles al cabo de un período de entre cinco y diez años. También se eliminarán en su mayor parte los aranceles de hasta el 44 por ciento para la maquinaria, del 22 por ciento para los productos químicos y del once por ciento para los productos farmacéuticos.
El acuerdo elimina o reduce los aranceles sobre las exportaciones de productos agroalimentarios de la UE, con lo que se abrirá un mercado masivo para los agricultores europeos. Por ejemplo, los aranceles indios sobre los vinos se reducirán del 150 al 75 por ciento en el momento de la entrada en vigor y, en última instancia, a un porcentaje tan bajo como el 20 por ciento; los aranceles sobre el aceite de oliva se reducirán del 45 por ciento al cero en cinco años, y los productos agrícolas transformados, como el pan y los dulces, verán eliminados los aranceles hasta el 50 por ciento.
Los sectores agrícolas europeos sensibles estarán plenamente protegidos, ya que productos como la carne de vacuno, la carne de pollo, el arroz y el azúcar están excluidos de la liberalización en el acuerdo. Todas las importaciones indias seguirán teniendo que respetar las estrictas normas de la UE en materia de salud y seguridad alimentaria.
Ayudas por los incendios
La Junta dio luz verde en el Consejo de Gobierno a la concesión directa de otras 60 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a las familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios del pasado verano.
La ayuda se concede en alguno de tres supuestos. Cuando la unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; cuando el propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; y cuando la unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.
Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorial.
