En un día de crecidas de cauces, el derribo del azud de Puente Mesa, en el río Cega, entre Veganzones y Cabezuela, marcó el transcurso del Pleno ordinario del mes de enero de la Diputación Provincial, celebrado este jueves. La histórica infraestructura hidrográfica, que fue demolida el pasado 13 de enero, pese al compromiso adquirido en noviembre de 2022 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no liquidar la presa, centró dos mociones, propuestas por el diputado de Vox, Pedro Varela, y el no adscrito, José Antonio Mateo, que se debatieron en conjunto y que resultaron aprobadas con una enmienda del grupo del Partido Popular, que contó con los votos a favor de todos los diputados, salvo la abstención de la representante de Izquierda Unida.
En el texto final se remarcó que «la Diputación condena el derribo del azud de Puente Mesa» y «solicita a la CHD y al Ministerio la paralización de cualquier demolición o movimiento de tierras relacionados con los azudes y presas de la provincia»; y que «procedan a la restauración del azud de Puente Mesa, con la participación de los ayuntamientos de Veganzones y Cabezuela». Asimismo, el escrito exige a la CHD que «cumpla con su labor de limpieza y mantenimiento de infraestructuras hidraúlicas».
Durante la exposición, Varela calificó el derribo del azud como «un atentado contra el patrimonio», pues este espacio proporcionaba a los vecinos «un paisaje idílico y un refugio medioambiental». El portavoz de Vox mantuvo que «desde Segovia tenemos la obligación de exigir a la CHD, se pueda o no se pueda, la restauración del azud para que esto no vuelva a ocurrir en la provincia»; y señaló que es «especialmente grave» que el Gobierno «contradiga de forma frontal el compromiso público» adquirido en noviembre de 2022 por la delegada en Castilla y León, Virginia Barcones. «Esa es la palabra del Gobierno, de la CHD y del PSOE en la provincia de Segovia», incidió.
En ese sentido, Mateo precisó que «una vez más, el PSOE no cumple sus promesas, aunque me duela decirlo»; y echó «en falta» en el debate al portavoz socialista, Máximo San Macario, por «ser representante de esta zona». Para el diputado del PP José María Bravo «se ha querido enterrar el anuncio que hizo el PSOE por todo lo alto y lo único que hay es una mentira a dos municipios», declaró mostrando una noticia de 2022 que confirmaba la restauración por parte del Gobierno nacional; y habló de «prevaricación». El portavoz popular añadió también que «hay una señadora, que por entonces era la subdelegada del Gobierno -Lirio Martín-, que hasta el momento no ha dicho ni pío».
Por parte del grupo socialista intervino Samuel Alonso, que reconoció que «no compartimos el derribo del azud ni cómo se ha hecho» y «creemos que lo más inteligente es llevar a cabo un trabajo efectivo para que estos municipios se vean recompensados en la medida de lo posible con la restauración del espacio», aunque indicó que los ayuntamientos tenían que «haber elaborado una concesión de aguas en el año 2023, de carácter lucrativo para la zona». A esto último, Bravo contestó defendiendo «la labor que hacen los ayuntamientos».
David Gutiérrez, diputado no adscrito, lamentó que la ejecución se haya llevado a cabo «sin información previa ni diálogo con los ayuntamientos» de lo que considera un «elemento histórico durante siglos integrado en el paisaje y en la vida social y la memoria colectiva» de los segovianos.
En cuanto a la diputada de IU, Ana Peñalosa, afirmó compartir «el malestar» de los vecinos, y «más por las formas en que se han hecho», aunque no comulgó con la visión de Vox en relación a la conservación del paisaje: «Defendemos una gestión de los ríos basada en la restauración ecológica y en la protección de los espacios naturales. Tampoco compartimos el apartado que dice que la CHD tiene que dedicarse a la construcción de presas, pues altera gravemente la biodiversidad y el cauce natural de los ríos».
Cerró el debate el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, para agradecer las propuestas llevadas al Pleno sobre este asunto y destacar «la labor de los operadores necesarios para proteger el medio natural que realizan cada uno de los pueblos de la provincia».
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otro lado, el grupo popular presentó una moción sobre el sistema de financiación autonómica, en la que el PSOE aportó una enmienda que no fue aceptada por los populares por «hipócrita», ya que según señaló Bravo «no apoyan el medio rural, ni los pueblos, ni siquiera a Castilla y León y es un insulto, cuando es el propio Gobierno el que obedece a intereses partidistas». Así, el texto del PP contó con el apoyo de los dos diputados no adscritos por «coherencia institucional», tal y como defendió Gutiérrez, ante una propuesta que «no pide privilegios sino igualdad, y que no haya reglas distintas según el territorio».
PLANTAS DE BIOGÁS
La moción llevada al Pleno por el grupo Mixto-IU para instar a la Junta de Castilla y León a que paralice los proyectos de macro plantas de biogás en la provincia de Segovia que la convierten en «el vertedero de España», según manifestó Peñalosa, fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox, el único apoyo de Gutiérrez porque «no es decir no al biogás, sino pedir más prudencia y una transición ecológica con los pueblos y no contra los pueblos», y la abstención de Mateo y el PSOE. El diputado socialista y alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, tachó la moción de «alarmista y llena de hipérboles y exageraciones», asegurando que «hay que poner en marcha proyectos que favorezcan la economía circular». Por su parte, tanto el grupo popular como Mateo le afearon que «los socialistas se ponen detrás de las pancartas en Pinarejos, donde no gobiernan, y en Cuéllar dan el visto bueno».
COMISIONES INFORMATIVAS
Por último, San Macario presentó una moción relativa al número de diputados del Grupo Socialista que forman parte de las Comisiones Informativas de la Diputación que puso en su contra a todos los diputados presentes en el Pleno (salvo a sus cinco compañeros).
INTERVENCIÓN
En el orden del día también se dio cuenta al informe definitivo de control financiero de 2024, así como del Plan anual para 2025 realizados por el servicio de Intervención, donde Peñalosa cuestionó al equipo de Gobierno calificándolo como «informe duro». También se evaluó el Plan normativo, donde San Macario aseguró que la tasa de bomberos, «indebida y excesiva», «se oculta» en este documento.
