Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha reclamado este martes en Valladolid una Ley Ambiental propia para la Comunidad, que mejore la de ámbito nacional y permita integrar en una norma única disposiciones dispersas, y la creación de una ventanilla única digital para reducir la burocracia.
El ‘Análisis para la mejora de los procesos administrativos en Castilla y León’, elaborado por EFCL para que los partidos políticos incluyan sus planteamientos en sus programas electorales de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, recoge medidas ya solicitadas anteriormente: el impulso de la declaración responsable como sustituto a las autorizaciones y licencias en procedimientos de bajo riesgo, en sectores como el comercio, servicios u hostelería; el silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta de la administración en plazo en licencias urbanísticas o inicios de actividad; o la uniformidad de criterios y mayor coordinación entre las administraciones.
Empresa Familiar engloba a más de 180 compañías que acumulan el 18 por ciento del PIB regional y da trabajo al 6,4 por ciento de la población ocupada de Castilla y León.
El presidente de EFCL, Isidoro Alanís,recordó que Castilla y León cuenta con 220.000 empleos públicos (185.000 de administraciones y 35.000 en otras instituciones y empresas públicas). “Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque no nos podemos permitir contar con una tasa de casi 90 empleos públicos por cada mil trabajadores”, subrayó. También criticó el aumento “sistemático” del número de empleos públicos tras un cambio “sustancial” con la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).
En este sentido, el director de la entidad empresarial, Eduardo Estévez, apostó por la digitalización del sistema, que vaya más allá de los formularios para que las empresas puedan tener un único expediente y visualizar qué funcionario trata su expediente. Para ello, planteó la posibilidad de utilizar los fondos europeos para la modernización y la formación del personal, con el objetivo de eliminar “muchas” duplicidades.
Otra de las medidas del informe, que se entregó a finales de noviembre a los grupos parlamentarios de las Cortes, es la revisión de la flexibilidad laboral de los empleados públicos, que pudo ser entendible durante la pandemia del COVID. “No entendemos que, como criterio general, siga el teletrabajo”. A su juicio, hay que pasar de una administración burocrática a otra facilitadora.
Voluntad política
Tras señalar que una encuesta entre sus socios concluyó que el 91 por ciento de los empresarios considera que la excesiva burocratización resta competitividad a sus negocios, ya sean grandes empresas o pymes, y que el 69 por ciento asegura que es una “carga significativa” que afecta a su operativa diaria, el presidente de Empresa Familiar exigió una voluntad política “firme”.
Fue entonces cuando recordó que la Junta creó una comisión para abordar la desburocratización, de la que confesó tener una valoración “agridulce”. No en vano, señaló que fue firmada entre él y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, pero al día siguiente presentó su dimisión, lo que provocó que estuviera unos meses paralizada y ahora se vuelve a paralizar con la convocatoria de elecciones.
Isidoro Alanís habló de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, a su juicio, puede subir “todo lo queramos” y bajar la competitividad de las empresas.
También cargó contra las tasas “ficticias” de desempleo, con un once por ciento de paro, que contrasta con las dificultades de las empresas para cubrir puestos de trabajo. “¿Por qué no se legisla para que un desempleado que rechace una oferta laboral pueda perder todas las prestaciones, como ocurre en Italia?”, se preguntó.
