La formación política Izquierda Unida (IU), personada en el ‘caso Torreón’ como acusación particular, ha pedido de nuevo que se amplíe la responsabilidad que llevó a hipotecar los inmuebles de Caja Segovia. Quiere que sean llamados a declarar en calidad de investigados varios de los administradores de la empresa Navicoas Asturias, y representantes de Bankia y de la asesoría Garrigues.
El letrado de IU en Segovia Alberto López Villa ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que podría pronunciarse el próximo mes de julio.
Por el contrario, la coalición política no presentará reparo alguno al último auto del mismo juzgado que desimputa a cuatro de los exconsejeros investigados, y traslada a la Fiscalía la continuación del proceso penal. En este auto, el magistrado Jesús Martínez Puras mantiene que pudo cometerse un delito de administración desleal; y abre un plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación popular solicite la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o nuevas diligencias.
El abogado de IU, Alberto López Villa, se mostró parcialmente satisfecho con este último auto, sobre el que dijo que los términos “suelen coincidir bastante” con el contenido final de la sentencia. Pero añadió que los responsables asturianos de Navicoas deberían también estar en este caso como investigados debido a que la deuda original con la Agencia Tributaria partía de esa empresa, y finalmente fue pagada por Caja Segovia tras pedir un préstamo de 6,8 millones de euros a Bankia .
También considera IU que puede haber un delito de estafa por parte de los despachos que asesoraron a los consejeros, haciéndoles creer que la asunción de la hipoteca era “lo mejor que podían hacer o lo único, sin ser así”, según su letrado. El recurso implica a siete personas más, junto a Bankia, como partícipe a título lucrativo, y a la aseguradora Caser, que expidió las pólizas de “consejeros, directivos e intervinientes en estos negocios”.
López Villa agregó que las penas de administración desleal podrían alcanzar “hasta dos o tres años de cárcel”, mientras que en los supuestos de receptación y estafa se podrían elevar hasta los “cinco o seis, en el peor de los casos”. Sin embargo el abogado de IU insistió en que la intención no es que nadie “acabe entre rejas de una manera vengativa”, sino recuperar el “perjuicio económico y una exigencia de responsabilidad justa”.
Por su parte, el coordinador provincial de IU, José Ángel Frías, definió el caso de la hipoteca del Torreón de Lozoya como el “más grave que ha tenido Segovia” y dijo que supera los casos de la trama Gürtel o el episodio Bárcenas. También solicitó la dimisión de los diputados provinciales del PP, Miguel Ángel de Vicente, y José Luis Sanz Merino; y del portavoz del PSOE en la Diputación, Jesús Yubero. Igualmente cargó contra el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez Belloso, sobre el que dijo sentirse “extrañado” de que “no teniendo dinero para maestros, suplencias, libros de texto, subvenciones ni monitores esté imputado en un caso de administración desleal”. Reiteró también que PSOE y PP apoyan a imputados en sus formaciones de una manera «clarísima y flagrante». Además manifestó «entender» por qué los socialistas no han aceptado listas conjuntas al Senado con Unidos Podemos y es para «bloquear» las acciones legales de los casos de corrupción.
Distintas responsabilidades.- El abogado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, estima que la responsabilidad de las distintas personas que intervinieron en los consejos de administración en los que se acordó hipotecar el Torreón de Lozoya, mantienen responsabilidades diferentes.
Aparte de señalar que algunos de ellos se han “salvado por los pelos”, en relación a los cuatro desimputados, dijo que el último auto del juez deja ver «claramente» que unos participaron de una forma «mucho más activa que otros». En ese sentido, y según López Villa, el presidente del consejo, Atilano Soto; el vicepresidente, Manuel Agudíez, y el director general de Caja Segovia, Fernando Tapias, «sabían perfectamente» lo que estaban haciendo, el «alcance» de la decisión», «a quién» estaban exonerando y a quién evitaban responsabilidades derivadas, mientras que otros no lo sabían «en absoluto». De hecho, y tal como destapó EL ADELANTADO en diciembre de 2012, algunos de los consejeros de Caja Segovia se enteraron de la hipoteca del Torreón de Lozoya por la información publicada por este periódico. Fue entonces cuando presentaron una querella en la Fiscalía, aunque el juez decidió imputar a todos los miembros del Consejo, incluidos los denunciantes. A algunos de ellos ha desimputado el magistrado con este último auto.
