Que un jefe de Estado en ejercicio sea capturado por fuerzas extranjeras es algo extremadamente raro en la historia moderna. Es cierto que la detención de Maduro rompe —según algunos—con todos los esquemas del derecho inter nacional contemporáneo, donde los líderes en funciones suelen tener inmunidad soberana y se recurre a sanciones, declaraciones internacionales o procesos diplomáticos, no a incursiones militares.
No obstante, y antes de continuar, me gustaría compartir las palabras del abogado brasileño Felipe Hasson, especialista en derecho internacional: “Mi opinión es que el debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva —y profundamente hipócrita— del derecho internacional. Se invoca la «soberanía», la «no intervención» y el «orden jurídico internacional» como si estos conceptos existieran para proteger a los gobiernos, y no a las personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la voluntad popular. Y no lo es”.
Hay momentos en la historia en los que el respeto formal a la soberanía de un Estado entra en colisión frontal con una realidad más profunda, que es ni más ni menos la negación sistemática de los derechos humanos, la conversión del poder en botín personal y la destrucción deliberada de una nación. En esos casos, seguir invocando la soberanía como escudo no es neutralidad jurídica, más bien parece complicidad. Y la detención de Nicolás Maduro debe entenderse en ese marco excepcional, porque era el jefe de un régimen que vació de contenido al Estado venezolano, anuló la separación de poderes, expulsó o empobreció a millones de ciudadanos utilizando la violencia, el hambre y el miedo como instrumentos políticos. Por tanto, no estamos ante un conflicto ideológico entre izquierdas y derechas, sino ante la degradación del poder.
Durante décadas se ha aceptado, con una mezcla de comodidad y cinismo, que los jefes de Estado en ejercicio son intocables. Pero defender la detención de Maduro no es atacar el derecho internacional, es defender la idea de que la inmunidad no puede ser una licencia para delinquir. Si un gobernante convierte su país en una plataforma para el narcotráfico, si utiliza las instituciones para enriquecerse, si reprime sin límites y anula cualquier vía interna de corrección, entonces ya no actúa como Estado, sino como organización mafiosa. Y a las organizaciones mafiosas no se las derrota con comunicados diplomáticos.
Por eso parece legítimo lamentar que los mecanismos internacionales hayan fracasado. Pero ese fracaso no puede convertirse en excusa perpetua. Durante años hubo informes, sanciones, mediaciones, diálogos ficticios, elecciones simuladas. Todo fue neutralizado por un régimen que jugó con las reglas precisamente para no cumplir ninguna; y mientras tanto encarcelaba y torturaba a sus conciudadanos.
En ese contexto, la detención de Maduro no parece una agresión arbitraria, sino la consecuencia de la impotencia acumulada del sistema internacional. No es el primer paso ideal, pero sí puede ser el único eficaz cuando todos los demás han sido burlados.
Hay un dato que suele olvidarse en algunos debates artificiales, y es que Venezuela es hoy un país destrozado, no por una catástrofe natural ni por una guerra extranjera, sino por la acción continuada de quienes gobiernan en su nombre. Ocho millones de exiliados no se pueden considerar una estadística, sino una acusación. Y los presos políticos son una realidad, no una ficción.
Y quien defiende que “el pueblo venezolano debe resolverlo solo” ignora deliberadamente que ese pueblo ha sido desarmado política, económica y jurídicamente. No hay elecciones libres, no hay jueces independientes, no hay prensa libre. Exigir una solución interna en esas condiciones es como exigirle a un prisionero que se escape de la prisión.
La detención de Maduro no usurpa la voluntad popular, sino que devuelve la posibilidad de existir. Otra cosa son las sorpresas que puedan darnos esa Maduro con faldas llamada Delcy, y ese personaje imprevisible llamado Trump; aunque esperamos que finalmente se restablezca la democracia y que todos los que han blanqueado ese régimen sean juzgados por los tribunales. Sobre todo aquellos que hoy descubren que la cal es difícil de lavar de las manos.
Se puede estar en contra de la detención de Nicolás Maduro. No obstante, hacerlo desde un cómodo sillón en una democracia, y sin dar ninguna alternativa, tampoco parece muy razonable. Y mucho menos aquellos que callaron durante la represión brutal del chavismo, porque no oí a nadie de los que critican la detención de Maduro, pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela.
Pero también se puede estar a favor por varias razones. En primer lugar porque ningún poder es legítimo cuando se sostiene únicamente sobre el miedo y la miseria. En segundo lugar porque la soberanía no puede ser el refugio de la criminalidad política. En tercer lugar porque la justicia internacional pierde toda credibilidad si nunca se atreve a actuar. En cuarto lugar y sobre todo, porque las víctimas tienen más derechos que los verdugos, aunque estos lleven banda presidencial.
Y cuando se critica que Trump extrajo a Maduro, el torturador, y lo llevó a EEUU, conviene recordar que Zapatero medió para extraer a Edmundo González Urrutia, el presidente electo, y trasladarlo a España. Y eso es harina de otro costal.
Evidentemente esta extracción no es una solución mágica, aunque esperamos que garantice un futuro mejor. Pero la cruda realidad es que hay momentos en los que no actuar es la peor de las decisiones. Y Venezuela llevaba demasiado tiempo pagando el precio de esa inacción.
Para concluir, quiero reiterar que podría entender a los que aluden al derecho internacional en la detención de Maduro, pero mi impresión personal —dicho sea con toda modestia— es que no es un problema de derecho internacional, sino de derechos humanos.
