El Juzgado de lo Mercantil de Segovia ha dictaminado la inhabilitación de Juan Manuel Muñoz y Juan Francisco Casado como presidente y gerente, respectivamente, de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS). La decisión judicial se enmarca en la declaración de la organización en concurso necesario de acreedores, debido a su manifiesta incapacidad para satisfacer las deudas que le han sido demandadas por diversas entidades.
De acuerdo con el auto dictado por la magistrada el pasado 8 de enero, la ACS ha quedado acreditada como una entidad en situación de «insolvencia». Las investigaciones patrimoniales realizadas revelaron que la organización carece de bienes para cubrir los montantes reclamados; concretamente, se hallaron tres cuentas corrientes con saldos insignificantes y una con saldo negativo. Entre los acreedores principales se encuentra la Federación Empresarial Segoviana (FES), que reclama una deuda que ronda los 90.000 euros.
Como consecuencia de este proceso, la jueza ha decretado la suspensión de las facultades de administración y disposición de patrimonio que hasta ahora poseía la dirección de la agrupación. Para gestionar esta etapa, se ha nombrado como administrador concursal a Luis Martín Bernardo, un economista y abogado experto en la gestión de empresas concursadas.
Muñoz ha mantenido la presidencia de la entidad, pese a haber cerrado sus negocios empresariales hace años con los que en su día se presentó a ocupar la Presidencia de la agrupación de comerciantes. Aunque la ACS dispone de un plazo legal para recurrir la declaración concursal, la suspensión de la gestión actual liderada por Muñoz permanece inamovible.
La declaración de concurso necesario de acreedores de la ACS se fundamenta en diversos motivos legales y técnicos que acreditan su incapacidad financiera. Según los documentos proporcionados, los principales motivos son la situación de «insolvencia» de la agrupación al constatar que esta no puede satisfacer las deudas demandadas por sus acreedores. Este estado de insolvencia se considera un «presupuesto objetivo» para iniciar el proceso concursal.
Además existen dos títulos judiciales que ordenaban el pago de deudas, pero que no fueron ejecutados debido a que la organización no disponía de bienes suficientes para cubrir los montantes reclamados. Sin embargo, mantiene al menos a una persona en nómina, el hasta ahora gerente; además de pagar un alquiler en los locales que comparte con Hotuse.
La investigación patrimonial realizada por el Juzgado de Instancia número 5 de Segovia reveló que la ACS no posee bienes. En la documentación del procedimiento se detalla que solo contaban con tres cuentas corrientes con saldos insignificantes y una con saldo negativo.
La ACS arrastraba impagos desde 2021. Entre las deudas más significativas se encuentra la de la Federación Empresarial Segoviana (FES), además de otras posibles deudas con proveedores de suministros (luz o teléfono) y organismos como la Seguridad Social o Hacienda.
El auto judicial dictamina que se cumplían todas las condiciones legales exigidas por el texto refundido de la Ley Concursal para proceder con la declaración de concurso y la consecuente suspensión de las facultades de administración de la directiva. Tras esta actuación, el Juzgado podrá dictaminar la liquidación de la ACS, que a su vez pertenece a CONFERCO, la agrupación regional del comercio.
