Los senadores del Partido Popular han acusado al PSOE de volver a “burlarse de los segovianos y del medio rural” tras el derribo de la presa del Puente Mesa, una actuación que califican como un “ataque sectario e injustificado” llevado a cabo “con nocturnidad y alevosía”. Así lo han manifestado la presidenta del PP de Segovia y senadora, Paloma Sanz; el vicepresidente del Senado, Javier Maroto; y los senadores Juan José Sanz Vitorio y María Ángeles García.

El derribo de la presa, situada en el río Cega entre los municipios de Veganzones y Cabezuela, se realizó el 13 de enero sin previo aviso a los ayuntamientos afectados, según denuncian los representantes populares. Los senadores consideran especialmente grave que la actuación se ejecutara sin comunicación previa a ambos consistorios y pese a la oposición vecinal existente en las dos localidades.

Desde el PP recuerdan la reunión del año 2022 entre los ayuntamientos de Veganzones y Cabezuela, entonces con alcaldes de distinto signo político, y la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, actualmente directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior. En ese encuentro, según explican, se acordó la rehabilitación de la presa por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y su posterior recepción y mantenimiento por los ayuntamientos, además de abordar la posible reconstrucción de la infraestructura hidráulica.

El PP señala que lo acontecido en Puente Mesa “Es un nuevo caso de sectarismo ideológico y un ataque al medio rural con alevosía y nocturnidad”

Los senadores aseguran que los municipios de Veganzones y Cabezuela, actualmente gobernados ambos por el Partido Popular, se encontraron con el inicio de los trabajos de derribo sin información previa y pese a conocer la oposición frontal de los vecinos. Por este motivo, han solicitado explicaciones a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y han instado a cesar al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como a su predecesora, Virginia Barcones.

Los parlamentarios populares califican lo ocurrido como un nuevo ejemplo de “sectarismo ideológico” y un ataque al medio rural segoviano desde posiciones que definen como “ecoabsurdas”. Subrayan además la relevancia histórica de la presa para los habitantes de la zona y recuerdan que la propia exdelegada del Gobierno la definió en su día como “patrimonio histórico, cultural y social vinculado al territorio”.

En este contexto, los senadores del PP señalan que, a su juicio, si Virginia Barcones “trató de engañar” a los vecinos debería dimitir o ser cesada, y sostienen que, si el actual delegado del Gobierno no es cesado, debería presentar su dimisión, al igual que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. También critican el silencio de los parlamentarios socialistas segovianos ante esta actuación.

La Diputación apela a los compromisos adquiridos en 2022

El vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, expresó su malestar por el derribo del azud de Puente Mesa, y cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la actuación, al considerar que se realizó sin información previa a los ayuntamientos afectados y en contra de los compromisos adquiridos en la reunión institucional celebrada hace tres años.

Bravo señaló que, como institución provincial, la Diputación no entra a valorar la legalidad del derribo, “porque sabemos cuáles son las directivas europeas y cuáles son las normativas que están ahora mismo primando a este respecto”. Sin embargo, calificó de “muy triste” que la demolición se ejecutara “con nocturnidad y alevosía, sin avisar a los municipios”, especialmente tratándose de ayuntamientos pequeños y con escasos recursos para afrontar cuestiones complejas relacionadas con la gestión del agua.

El vicepresidente recordó que en la reunión mantenida hace tres años se alcanzó un acuerdo concreto en tres puntos: “El primero de ellos consistía en que la CHD se encargaría de arreglar y restaurar el azud; el segundo, que una vez restaurado los ayuntamientos solicitarían la concesión administrativa; y el tercero, que los municipios asumirían el mantenimiento de la infraestructura”.

«No se pueden dar falsas esperanzas a los municipios»

A su juicio, si desde el inicio no se tenía intención de mantener el azud, se debería haber comunicado de forma clara. “Si no tenían pensado hacerlo, que directamente hubieran dicho que por normativa europea o por directriz del Ministerio de Transición Ecológica ese azud había que retirarlo”, indicó, para añadir que “no se pueden dar falsas esperanzas a dos municipios”.

Bravo relató también el impacto social que tuvo el derribo en la población local. “Yo tuve que ver a gente llorando. Hombres de 70 u 80 años que estaban viendo cómo una cosa histórica de su pueblo se la estaban llevando por delante sin saber de dónde venía el tema”.

En el plano institucional, el vicepresidente apeló a la “lealtad institucional” y al cumplimiento de los compromisos adquiridos, aunque no exista un documento firmado, recordando que en aquella reunión estuvieron presentes representantes de la CHD y del Gobierno de España, y que incluso se difundió una nota de prensa en la que se hablaba explícitamente de un acuerdo.

ASAJA critica la política del Ministerio para la Transición Ecológica

ASAJA Segovia ha expresado su crítica a la forma de actuar del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la política hidráulica que, a su juicio, está desarrollando el Gobierno a través de la CHD. La organización agraria considera que Segovia está padeciendo las consecuencias de decisiones que califica de “irracionales” en materia de gestión del agua.

Según ASAJA, en los últimos tiempos se están llevando a cabo derribos de presas “sin ningún criterio técnico” y con un coste que consideran inasumible para el Estado. A su entender, estas actuaciones suponen una destrucción de riqueza y afectan a infraestructuras que podrían mejorarse para beneficio de la sociedad en lugar de ser eliminadas.

ASAJA sostiene que este tipo de intervenciones no responden a criterios técnicos ni medioambientales y que las políticas hidráulicas aplicadas en los últimos años van en contra del bienestar social y del mantenimiento del medio ambiente.

Entre sus peticiones, ASAJA Segovia solicita el mantenimiento y la mejora de estas infraestructuras, la optimización del gasto público mediante la mejora de las ya existentes, una mayor inversión pública en la mejora de los regadíos y la apuesta por infraestructuras de retención de agua destinadas a la agricultura, la ganadería y el medio ambiente.