La Confederación Hidrográfica del Duero procedió en la mañana del martes al derribo del azud de Puente Mesa, en el río Cega, entre los municipios segovianos de Veganzones y Cabezuela, reabriendo un conflicto que nunca ha terminado de cerrarse entre la administración hidráulica y los ayuntamientos, con el agravante de que la actuación, iniciada de madrugada, ha puesto en cuestión un compromiso político anunciado en 2022 por representantes del Gobierno de España para restaurar esta infraestructura histórica en lugar de demolerla.
La presa, también conocida como azud o Molino de Puente Mesa, llevaba siglos integrada en el paisaje del valle del Cega, y mantenía un fuerte arraigo social y sentimental, especialmente en Veganzones, donde se sitúa a escasa distancia del casco urbano, y también en Cabezuela, cuyo término municipal comparte el entorno del azud. Durante generaciones, el lugar había sido espacio de paseo, de baño en verano y un referente visual del curso medio del río.

El aviso de 2021

El origen del conflicto se sitúa a finales de 2021, cuando la Confederación Hidrográfica del Duero notificó a los ayuntamientos de Veganzones y Cabezuela su intención de proceder al derribo del azud. La CHD argumentaba entonces que se trataba de una infraestructura sin uso, sin titularidad concesional clara y en estado de deterioro, lo que, a su juicio, justificaba su eliminación para garantizar la seguridad y mejorar la continuidad fluvial del río Cega.

Ambos consistorios presentaron alegaciones conjuntas. Defendían el valor patrimonial y paisajístico de la presa y advertían de su importancia como elemento identitario del territorio. También mostraron su disposición a buscar soluciones que compatibilizaran la mejora ambiental del río con la conservación de la infraestructura. Sin embargo, esas alegaciones no fueron aceptadas. La alternativa planteada por la CHD pasaba por que los ayuntamientos asumieran la titularidad del azud mediante la correspondiente concesión de aguas y afrontaran una inversión elevada para su rehabilitación y mantenimiento, una opción que las corporaciones locales consideraron inviable por razones económicas.

La promesa de 2022

La decisión administrativa provocó la movilización ciudadana, creando un contexto de presión social que desembocó, en 2022, en un giro político que fue interpretado como un punto de inflexión, ya que la Delegación del Gobierno en Castilla y León anunció públicamente un acuerdo para evitar el derribo de la presa y apostar por su restauración.
En una reunión celebrada en Cabezuela, la entonces delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, aseguró que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no iba a demoler el azud de Puente Mesa, sino que asumiría su restauración. En ese encuentro participaron los alcaldes de Cabezuela y Veganzones, Ana Agudíez y Pedro Luis Cuesta, respectivamente; la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente; la comisaria de Aguas, Diana Martín; concejales de ambos municipios y representantes de la Guardia Civil. También estuvo presente la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín.

Y la ‘sorpresa’ final

Tras aquel anuncio de 2022, no se produjeron avances visibles en la restauración del azud. No constan obras, ni proyectos técnicos presentados públicamente, ni nuevas reuniones de seguimiento de aquel acuerdo. Desde la perspectiva municipal, el asunto quedó en un compás de espera, con la confianza en que el compromiso político seguía vigente porque la realidad del acuerdo era que primero iba la restauración, y después la solicitud de la concesión.
Pero la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene que durante ese periodo los ayuntamientos no solicitaron la preceptiva concesión de aguas necesaria para justificar jurídicamente el mantenimiento de un obstáculo en el cauce. Según el organismo de cuenca, el azud no figura asociado a ningún título concesional en el Registro de Aguas, y la concesión es el instrumento que habilita tanto el uso del agua como la responsabilidad sobre el estado y mantenimiento de las infraestructuras.

El derribo se inició cuando todavía era de noche, y la guardia civil tuvo que mediar para que no hubiera problemas con los vecinos que se concentraron

Desde la óptica de la CHD, ese vacío administrativo, unido al deterioro progresivo de la presa, reforzaba la necesidad de actuar. Así, en la madrugada de ayer, maquinaria pesada y operarios comenzaron los trabajos de demolición del azud. Los vecinos tardaron poco en enterarse del derribo y a lo largo de la mañana se concentraron en el entorno de la presa para intentar detener las obras.
La presencia de la Guardia Civil fue requerida para evitar enfrentamientos entre los vecinos y la empresa encargada de la demolición, que actuaba con autorización de la CHD. No se produjeron incidentes graves, aunque sí momentos de tensión y protestas verbales.

Reacciones

El alcalde de Veganzones, Pedro Luis Cuesta, describió el sentimiento dominante como una mezcla de tristeza y enfado. A su entender, la decisión de iniciar el derribo de madrugada evidenciaba que la intención de la Confederación siempre había sido eliminar el azud, con independencia de aquel acuerdo político.

El alcalde de Cabezuela calificó el derribo como “un engaño” por parte de la CHD y la Subdelegación, con consecuencias ambientales

Desde Cabezuela, su alcalde Florentino Descalzo habló de “impotencia” y de “engaño” por parte de la CHD y de la Subdelegación del Gobierno. Además de la dimensión sentimental, puso el acento en las posibles consecuencias ambientales y económicas del derribo, al advertir de que la bajada del nivel del cauce podría afectar al ecosistema generado durante décadas y a las explotaciones de chopos en la ribera.

En 2022 se aseguró la restauración

En noviembre del año 2022, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) no iba a derribar el azud de Puente Mesa y que, por el contrario, iba a proceder a su restauración.
Según explicó el comunicado enviado por la Delegación del Gobierno a los medios el 4 de noviembre de 2022, el acuerdo alcanzado contemplaba que, una vez ejecutadas las obras de restauración por parte del Gobierno de España, ambos ayuntamientos iban a solicitar a la CHD la concesión administrativa del azud y asumir su conservación y mantenimiento.

Las soluciones técnicas que se adoptaran iban a ser analizadas por los servicios técnicos de la Confederación para compatibilizar la mejora de la conectividad fluvial con la preservación del patrimonio rural.
En este sentido, la presidenta de la CHD se comprometió a estudiar distintas opciones de conservación basadas en criterios técnicos, ambientales y de seguridad. Entre las alternativas planteadas figuraba la posible construcción de una escala de peces para facilitar el paso de las especies piscícolas y mejorar la continuidad del río, así como actuaciones de revegetación de las riberas mediante el estaquillado con especies autóctonas. El coste de estas intervenciones iba a ser asumido por el Gobierno de España, según se indicó en el encuentro.

Aguaiuris abre la vía penal

A última hora de la mañana del martes, la organización Aguaiuris presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del partido judicial de Sepúlveda en la que solicita la suspensión cautelar e inmediata de las obras de demolición del azud de Puente Mesa por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como posibles delitos de daños al patrimonio histórico y de prevaricación administrativa.
La denuncia, firmada por la presidenta de Aguaiuris, Pilar Esquinas, se dirige contra quienes resulten responsables, autoridades, funcionarios y responsables técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la empresa contratista, por la demolición del azud de Puente Mesa.
Según expone el escrito, el azud se localiza en un tramo incluido en la Red Natura 2000, dentro de la Zona Especial de Conservación ‘Riberas del Río Cega’, catalogada como un espacio fluvial de alto valor ecológico y buen estado de conservación. Aguaiuris subraya que el azud figura en el inventario de presas y azudes de la CHD como infraestructura hidráulica tradicional asociada históricamente a usos industriales, lo que, a su juicio, refuerza su relevancia como elemento del patrimonio cultural de la cuenca.

La organización denuncia que no consta un expediente administrativo que motive la demolición ni existe un plan de gestión de residuos

La denuncia recuerda el compromiso público adquirido en noviembre de 2022 por representantes del Gobierno de España y de la CHD de no demoler la presa y proceder a su restauración.
Aguaiuris sostiene que ese compromiso incluía la restauración de la infraestructura y su posterior cesión a los ayuntamientos, así como la adopción de soluciones técnicas que compatibilizaran la conectividad fluvial con la conservación del patrimonio rural, como la posible construcción de una escala de peces y actuaciones de revegetación.
El escrito denuncia que, pese a ese acuerdo público, comenzaron los trabajos de demolición material del azud con maquinaria pesada, lo que, según la organización, está provocando la destrucción acelerada del paisaje fluvial y del entorno tradicionalmente utilizado por la población como espacio de ocio y encuentro. Aguaiuris advierte de que, de no adoptarse una paralización judicial inmediata, la desaparición del azud y la transformación del paraje serán irreversibles.
La organización ecologista señala además una supuesta ausencia de información pública y de transparencia sobre la actuación, al afirmar que no consta un expediente administrativo accesible que motive y autorice expresamente la demolición, ni procedimientos de evaluación ambiental que valoren los impactos sobre el ecosistema fluvial y la ZEC ‘Riberas del Río Cega’. También denuncia la falta de información sobre un plan específico de gestión de residuos de construcción y demolición, exigido por la normativa vigente.

Desde el punto de vista ambiental, Aguaiuris alerta de que la demolición del azud puede generar un aumento brusco de la turbidez del agua, la movilización de sedimentos, la alteración de hábitats de ribera y la afección a especies de fauna y flora ligadas al medio acuático. En el plano social y cultural, considera que la desaparición del azud supone un “daño patrimonial gravísimo” para Veganzones y Cabezuela, al tratarse de un elemento reconocido por las propias administraciones como parte de la memoria colectiva del territorio.
La denuncia solicita al juzgado la incoación de diligencias previas y la práctica de diversas actuaciones, entre ellas el requerimiento a la CHD y al Ministerio para la Transición Ecológica para que aporten el expediente administrativo completo, la petición de informes a los ayuntamientos afectados y a la Junta de Castilla y León, y una inspección ocular urgente del lugar por parte del Seprona de la Guardia Civil.
Asimismo, Aguaiuris reclama la adopción de medidas cautelarísimas para ordenar la suspensión inmediata de todas las obras de demolición y movimientos de tierras en el azud de Puente Mesa, con el objetivo de evitar daños irreparables al medio ambiente y al patrimonio cultural mientras se tramita la causa judicial.