La negativa del Ministerio de Hacienda a poner en marcha un sistema de IVA franquiciado para los autónomos con baja facturación que les exima de cobrar el IVA a sus clientes, supone que España sea el único país de la Unión Europea sin esta ventaja fiscal, incumpliendo la directiva europea del IVA desde enero de 2025. Por ejemplo, Francia, Irlanda, y Portugal han establecido una exención del IVA para los sujetos pasivos del Impuesto que facturen menos de 85.000 euros. El sistema de franquicia elimina la obligación de repercutir el impuesto, a cambio de no poder deducir el IVA soportado por las compras, lo que llevaría consigo una reducción de las cargas burocráticas que tienen que soportar los autónomos, es decir, la presentación trimestral de las autoliquidaciones.
Alrededor de 1 millón de autónomos en España esperan poderse acoger al sistema de IVA franquiciado. Sin embargo, se ha prorrogado para el año 2026 el sistema de módulos del IRPF y el régimen simplificado en el IVA para los autónomos, por lo que parece que no va a establecerse el régimen de franquicia en el IVA en 2026. Una medida que irá acompañada por la introducción del sistema Verifactu en 2027 y la futura factura electrónica. El IVA franquiciado ya se aplica en las Comunidades Autónomas con régimen fiscal propio, País Vasco y Navarra, donde los módulos se sustituyeron por una estimación directa simplificada que permite importantes deducciones en ciertos conceptos, para determinados autónomos.
En definitiva, todos los países de la Unión Europea, a excepción de España, ya han incorporado a sus sistemas fiscales la exención, con diversos tipos de facturación. Un ejemplo que debería seguir España para facilitar la labor de los autónomos en nuestra economía.
La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra España ante la Comisión Europea por no eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, una negativa a establecer un nuevo régimen especial en el IVA que iría contra de la Directiva comunitaria. Será la presión social y la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los que determinen la posibilidad de instauración de ese régimen especial en el IVA en nuestro país.
