La Plataforma ‘Solución a la Travesía de San Rafael’ ha informado de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha declarado admisible la denuncia que presentaron contra el Gobierno de España en julio de 2025. En palabras de la Plataforma, “el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo nos informa de que ha declarado admisible nuestra denuncia, ya que el asunto que planteamos entra dentro del derecho de la Unión Europea, y ha encargado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar de los hechos denunciados”.
El colectivo recuerda que el 22 de julio de 2025 presentó “dos nuevas denuncias ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ante la propia Comisión Europea”, por considerar que el Gobierno incumple un compromiso adquirido en 2011 con la Comisión Europea. Según la Plataforma, ese acuerdo establecía que se debía licitar una nueva concesión de las autopistas en noviembre de 2019 para el período 2029-2036, pero “el Gobierno aún no ha realizado la licitación al transponer en 2012 dicho acuerdo incorrectamente al ordenamiento jurídico español con un ‘a partir de 2019’ en lugar de ‘en noviembre de 2019’”.
Además, la Plataforma explica que la investigación busca que se cumpla “la obligación de licitar dicha concesión de forma inmediata, solicitando además que se realice bajo el sistema de ‘peaje en la sombra’ -un sistema en el que los conductores no pagan peajes directamente, sino que el Estado paga a la concesionaria según el uso de la autopista- para eliminar las cabinas de peaje cuando finalice la actual concesión en 2029 y se ponga así fin al grave problema de seguridad vial en San Rafael”.
El colectivo añade que “en San Rafael llevamos décadas denunciando el grave problema de seguridad vial que sufrimos debido a los miles de vehículos que circulan diariamente por las travesías de la N-6 y la N-603 de la localidad, ya que son las alternativas gratuitas de las paralelas autopistas AP-6 y AP-61, con una media de intensidad de paso que supera los 13.000 vehículos diarios, de los cuales más de 2.000 son pesados”.
La Plataforma también contextualiza la situación histórica de estas autopistas: según su relato, “la situación actual se encuentra en un limbo jurídico que el actual Gobierno se niega a resolver”. Recuerdan que la concesión original de 1999, adjudicada por el Gobierno de José María Aznar, fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010, y que la posterior reducción de siete años de la concesión se acordó en 2011 con la Comisión Europea
En abril de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez fijó la duración exacta de la concesión actual en 30 años desde 1999, lo que hará que finalice el 19 de noviembre de 2029. Sin embargo, la Plataforma asegura que “el Gobierno debe licitar de nuevo los siete años restados a la concesión, lo que llevará los peajes hasta el año 2036”.
La Plataforma concluye que con estas denuncias buscan que el Gobierno actual se haga cargo de definir la nueva concesión 2029-2036 con el sistema de peaje en la sombra, cumpliendo lo acordado con la UE y evitando que el asunto quede pendiente para la próxima legislatura.
