Construir viviendas no es la única forma que tiene la Junta de Castilla y León para aumentar el parque público de vivienda de la región, también rehabilita; con ese fin, en 2009, puso en marcha el programa Rehabitare.
En sus primeros pasos, Rehabitare fue un programa de colaboración entre Junta y ayuntamientos, en 2018, entraron en él los obispados y en 2020, las diputaciones.
“Las previsiones de aquí al año que viene y parte del siguiente, son las de ingresar, al menos, otras 78 actuaciones más, con una inversión de otros casi ocho millones de euros, de manera que, en 2026, al fin de la Legislatura, tendríamos 628 actuaciones, con una inversión de casi 38 millones de euros a disposición de personas en el mundo rural”, indicó recientemente el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Este año, Rehabitare está dotado con 9.152.000 euros, financiados al 50% entre la Junta y cada una de las diputaciones provinciales, lo que permitirá rehabilitar en torno a 100 viviendas en toda Castilla y León. Por provincias, en Salamanca y Palencia la inversión ascenderá a 1.664.000 euros; y en el resto, entre ellas Segovia, será de 832.000 euros.
El mecanismo de Rehabitare es sencillo, la Junta se compromete, a través de la firma de convenios, a rehabilitar los inmuebles o viviendas propuestos por el resto de instituciones para alquiler social en el medio rural. Suelen ser la antigua vivienda del maestro, del farmacéutico, casas de la Guardia Civil o escuelas en desuso.
Para entrar en Rehabitare, los inmuebles a rehabilitar deben ser de titularidad municipal y deberán estar ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes donde haya una demanda real de viviendas en alquiler. Esa demanda se fija de la siguiente manera: en los municipios de menos de 200 habitantes tendrá que haber un demandante; en los de entre 201 y 500 habitantes, dos; en los de entre 501 y 1.00, tres; y en los de entre 1.001 y 5.000, cuatro.
El coste de la rehabilitación no podrá superar los 80.000 euros más IVA por vivienda y si se supera esa cifra, debe ser asumida por el propio ayuntamiento.
El objetivo de Rehabitare es fijar población en el mundo rural, particularmente joven, pero también es un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo porque implica a las empresas locales en las obras de rehabilitación.
Una vez rehabilitadas, los ayuntamientos tienen tres meses para alquilar las viviendas, que deberán permanecer destinadas al alquiler social un mínimo de diez años.
Los inquilinos tendrán que cumplir ciertos requisitos. Tienen preferencia los colectivos de especial protección, los jóvenes que quieran emanciparse, las víctimas de la violencia de género, las personas desahuciadas y las sin hogar.
Finalmente, la renta a abonar por el arrendatario no podrá exceder de una tercera parte de sus ingresos ni de 3 euros por m2 útil de la vivienda una vez rehabilitada.
En Segovia
Desde 2016, en la provincia de Segovia Rehabitare ha actuado en 67 viviendas: 49 gracias a convenios entre Junta y ayuntamientos, 13 entre Junta y diputaciones y 5 entre Junta y obispados. El presupuesto total de todas esas actuaciones asciende a 3.982.000 euros.
De esas 67 viviendas, ahora mismo hay dos en obras, una en Rihuelas (Fresno del Cantespino) y otra en La Matilla. En Turégano, Condado de Castilnovo, San Cristóbal de Cuéllar y Sebúlcor hay cuatro viviendas en licitación; y se está redactando el proyecto de rehabilitación de otras ocho en Garcillán, Urueñas, Pedraza, Sanchonuño, Villaverde de Montejo, Coca, La Salceda y Caballar.
