La confirmación a finales de noviembre del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en España, localizado en Cataluña, ha generado una reacción inmediata en el sector primario de Castilla y León. Con una de las mayores cabañas porcinas del país (con más de 4,5 millones cabezas en el territorio, y teniendo especial peso en Segovia, Salamanca y Ávila). y un importante volumen de exportación, la comunidad se mueve ahora entre la prudencia sanitaria, la preocupación económica y un debate renovado sobre el papel de los cazadores en el control del jabalí, la especie que más se asocia a la posible transmisión del virus.

Las organizaciones agrarias reclaman coordinación y un control más estricto de la fauna para proteger al porcino que sostiene miles de empleos en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha reiterado en los últimos días que no hay casos detectados en la comunidad, pero sí un aumento de los niveles de vigilancia y un protocolo de comunicación que obliga a avisar al 112 ante el hallazgo de jabalíes muertos o con síntomas compatibles. La Administración autonómica recuerda que la PPA no afecta al ser humano, pero sí supone un riesgo sanitario “muy serio” para el porcino doméstico y, en consecuencia, para la economía regional, y ha constituido un Comité Técnico de Expertos para prevenir, vigilar y controlar la enfermedad, que estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Medidas sólidas

Castilla y León es una de las comunidades con mayor producción porcina del país. Empresas, cooperativas y ganaderos han insistido en los últimos días en la “solidez” de las medidas de bioseguridad que ya aplican las explotaciones, especialmente en un momento de tensión, lo que reduce la probabilidad de contagio a través de la actividad interior de las granjas.
Pero el temor existe, y reside en que incluso un único caso confirmado podría cerrar mercados exteriores o generar restricciones comerciales, como ha sucedido en otros países europeos. Asociaciones porcinas y las propias organizaciones agrarias coinciden en que el esfuerzo interno de las explotaciones debe complementarse con un control eficaz de la fauna silvestre.

Vigilancia reforzada

La Consejería de Agricultura ha explicado que el protocolo autonómico contempla la intensificación de la caza del jabalí en zonas de especial sensibilidad sanitaria, una medida que ya figuraba en el plan de gestión cinegética para periodos de riesgo. Aunque de momento no se han aplicado cambios en los cupos, sí se han mantenido reuniones técnicas para analizar los movimientos poblacionales del jabalí y el impacto del foco catalán.
La Administración insiste en que la prioridad es la detección precoz. Por ello pide a cazadores, senderistas, propietarios de fincas y ciudadanos en general que alerten ante cualquier ejemplar enfermo o muerto y que eviten manipularlo.
En Castilla y León, el sector de la caza considera que los cazadores pueden desempeñar un papel determinante en el control de la población de jabalí, especialmente si las autoridades solicitan una intensificación de batidas o autorizaciones especiales.
La Delegación Segoviana de Caza, consultada para este reportaje, ha preferido no realizar valoraciones hasta la próxima semana, cuando la Junta de Castilla y León concrete las primeras decisiones técnicas y sanitarias tras el análisis del caso catalán.

Organizaciones agrarias

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha sido una de las organizaciones agrarias más contundentes. Su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, pidió “coordinación entre administraciones” y medidas específicas para controlar la superpoblación de jabalí, que consideran “un factor de riesgo” si la PPA avanzara hacia el interior. El portavoz calificó la situación de “extremadamente grave” en caso de expansión y no descartó defender la erradicación del jabalí en zonas muy sensibles.
También ASAJA ha reclamado reforzar la vigilancia y extremar la bioseguridad en las granjas, insistiendo en que una expansión del virus podría tener consecuencias millonarias para el sector.
Ganaderos de porcino extensivo, especialmente los adscritos a las denominaciones como el Cochinillo de Segovia, observan la situación con preocupación contenida. El sector coincide en que el impacto económico sería inmediato si algún país importador decretara restricciones, incluso sin que existieran casos en Castilla y León.

Un virus resistente

En unas pasadas declaraciones a EsRadio, el presidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, Rufino Álamo, recordó que la rápida detección es clave. A su juicio, el tiempo juega a favor del sector y, ahora mismo, es “poco probable” que el virus llegue a la comunidad, siempre y cuando se tomen medias y se actúe con seriedad.
El colectivo insiste en que los dos frentes, el de la bioseguridad interna y el control de fauna silvestre, deben trabajar al mismo nivel. También llaman a evitar interpretaciones simplificadas que responsabilicen únicamente al jabalí, recordando que la enfermedad ha llegado a Europa en varias ocasiones por vías diversas, incluidas prácticas de manejo inadecuado en residuos cárnicos.

Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción ha expresado su preocupación por el enfoque que, a su juicio, domina el debate sobre la Peste Porcina Africana (PPA) tras la detección del primer caso en España. El colectivo considera que centrar el problema únicamente en el jabalí “simplifica en exceso” la situación y desvía la atención de los factores estructurales que, según la organización, incrementan la vulnerabilidad del sistema productivo.
Entre ellos sitúan la expansión del porcino industrial, el transporte de animales vivos y el impacto ambiental de grandes explotaciones. La organización sostiene que la caza “no puede ser la respuesta principal” a una amenaza sanitaria de esta magnitud y recuerda que la presión cinegética no ha evitado la expansión de la enfermedad en otros países europeos.
La organización defiende reforzar la vigilancia, revisar el modelo productivo y priorizar medidas de bioseguridad en toda la cadena.