En pocas semanas se han acumulado en España imágenes inéditas: la condena del fiscal general del Estado, la entrada en prisión provisional de un exministro y el creciente choque entre Gobierno, oposición y poder judicial. En este clima de tensión y desconfianza, Ángel Rivero, doctor en Filosofía y profesor de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en liberalismo, populismo y nacionalismo, dialoga sobre el momento que atraviesa nuestra democracia, el papel de los partidos y el futuro del sistema político español. A partir de las últimas decisiones judiciales y de la tensión parlamentaria actual, Rivero ofrece una lectura reposada de la situación, poniendo el foco en las instituciones, la cultura política y los riesgos, pero también las posibilidades, que se abren para la vida democrática en los próximos años.
—Si tuviera que resumir la situación política española actual en tres ideas clave, ¿cuáles serían y por qué esas y no otras?
—La situación presente de la política española la calificaría de decadencia democrática, de polarización, y de falta de horizonte de futuro. De decadencia porque desde la restauración de la democracia hace medio siglo nunca habíamos caminado hacia atrás como ahora: un gobierno sin una mayoría parlamentaria clara; que ha retorcido la constitución a su antojo para mantenerse en el poder; y que está al arbitrio de partidos anti-sistema, ante los que claudica sin contrapartidas más allá de su propia supervivencia.
Un clima general de polarización política que se ha trasladado a la sociedad y que ha producido una crispación, polarización afectiva, que hace imposible una conversación pública productiva sobre los temas importantes.
Se nos ha impuesto un relato emocional antagónico con el que unos se identifican sin fisuras, y que sirve para estigmatizar a otros, lo que hace que la democracia como gobierno representativo y responsable se evapore a favor de un conflicto maniqueo donde los ciudadanos se convierten en espectadores o peor, en hooligans, a los que se demanda conformidad absoluta o se les provoca para que muestren un rechazo total. Por último, estos dos factores nos han abocado a una espiral destructiva donde la revisión sectaria del pasado, la Guerra Civil y la Transición, se han convertido en los temas centrales a los que debemos dedicar nuestro día a día, borrando así toda orientación de futuro en la resolución de los muchos problemas que tenemos.
—Recientemente el fiscal general del Estado ha sido condenado por revelación de secretos. Desde su punto de vista, ¿se trata de un caso aislado o del síntoma de una tensión más profunda entre poder político, Fiscalía y poder judicial?
—Lamentablemente se trata de un síntoma de una enfermedad más grave. El populismo, que entiende que en el nombre del pueblo se pueden doblegar la instituciones contramayoritarias de protección de la libertad, se ha extendido en las sociedades que acusan la fatiga democrática y España no es excepción. Al parecer, al ejecutivo no le basta con controlar al legislativo sino que pretende enajenarse de la tutela judicial de modo que los problemas judiciales del ya exfiscal del Estado los ha convertido en un pulso entre dos poderes fundamentales del Estado democrático. Lamentablemente, esta estrategia es perdedora de todo punto, porque señala una pulsión autocrática en el ejecutivo; y desprestigia al sistema judicial al señalarlo como prevaricador en lugar de respetar su independencia.
—El Gobierno y varios de sus socios han criticado con dureza la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Hasta qué punto considera legítimo que un Gobierno cuestione públicamente decisiones judiciales y en qué momento ese cuestionamiento empieza a erosionar la confianza en las instituciones?
—Las decisiones judiciales pueden ser discutidas públicamente desde el respeto y la crítica constructiva pero no es eso lo que hemos visto, todo lo contrario. Se está atacando el sistema judicial en su conjunto y se está atacando a jueces en particular para atemorizarlos y romper su independencia. En referencia a lo primero, se ha hecho circular la falacia de que el sistema judicial no es democrático porque no ha sido elegido por el pueblo cuando en realidad su carácter democrático radica en su independencia, que sirve a la sociedad en su conjunto y de manera permanente; y que no puede estar ligada a mayorías coyunturales en el parlamento. En cuanto a los segundo, la persecución a aquellos jueces que investigan la corrupción de los allegados al presidente del gobierno o a su partido, resulta igualmente reprobable porque nuestro sistema es muy garantista y, si no les gusta que les investiguen, tienen recursos abundantes para defender su inocencia o para perseguir la prevaricación. Ambas actitudes contribuyen a degradar la confianza en la administración de justicia y pueden entenderse como estrategias dirigidas a asegurar la impunidad de aquellos con responsabilidades públicas por las que han de rendir cuentas.
—En paralelo, la entrada en prisión provisional de José Luis Ábalos ha reabierto el debate sobre la corrupción en el entorno del Gobierno. ¿Hasta qué punto cree que este episodio ha dañado la autoridad política de Pedro Sánchez y, en general, la imagen del PSOE en el Gobierno?
—Como se ha instalado en nuestra sociedad una estrategia polarizadora, la corrupción en el entorno del presidente del gobierno y de su gobierno se valora de forma radicalmente distinta en la sociedad. Para el universo de la derecha, no cabe duda de que nos gobierna una panda de cuatreros que ha degradado de forma profunda nuestra democracia. Para la izquierda, incluida la extrema izquierda, el problema no está en la corrupción que atenaza al presidente y su partido, que es desdeñada como anecdótica, sino que lo que de verdad amenaza a la democracia es la vuelta del fascismo. Es cierto que una parte significante de votantes socialistas han superado esta fase de negacionismo y consideran que la democracia española ha declinado en estos años, pero la polarización hace que los problemas de venalidad que acosan al Gobierno no reciban censura política y, por tanto, la idea de responsabilidad política, que es esencial para la democracia, ha decaído mediante justificaciones extemporáneas. Con el mantra del fascismo, la rendición de cuentas queda aplazada.
—Si comparamos el momento actual con otros grandes escándalos de corrupción de nuestra democracia, ¿dónde situaría la gravedad de lo que estamos viendo y qué elementos le parecen novedosos, si es que ve alguno?
—Creo que la diferencia fundamental es que por primera vez los acusados se han defendido desacreditando a la justicia y esto ha sido aceptado por un sector de los medios y de la población. Esto no tiene precedentes y es muy grave. Lo peor del asunto es que hay un caldo social que hace aceptable esta estrategia de defensa para una parte importante de la sociedad sugestionada, quizá, por la idea de que una supuesta vuelta del franquismo justifica relajar las exigencias del Estado de derecho.
—También hemos tenido recientemente la ruptura de Junts con el Gobierno. ¿Cree que se trata de una ruptura real, con consecuencias de largo alcance, o más bien de un mecanismo de presión negociadora para reforzar la posición de los nacionalistas?
—El nacionalismo o independentismo catalán tiene una larga tradición de políticas maximalistas dirigidas a establecer negociaciones donde la amenaza mayor, la independencia, sirve para alcanzar privilegios tangibles. Creo que estamos ahí por mucha retórica rupturista que se utilice para mantener viva la llama de apoyo electoral en la parroquia de sus votantes.
—Se habla mucho de “politización de la justicia” y de “judicialización de la política”. A la luz de estos últimos acontecimientos, ¿qué etiqueta le parece hoy más acertada y qué matices introduciría para no simplificar en exceso lo que está ocurriendo?
—Creo lamentablemente estamos en las dos cosas por igual porque son compatibles. Por una parte, se ha judicializado la política porque muchos políticos quieren ver a sus adversarios en la cárcel y no en la oposición, de modo que están yendo todos los días a los juzgados. Aunque aquí hay que matizar que en ocasiones con razones más que bien fundadas. Y hay una politización de la justicia porque algunas instancias judiciales no son totalmente inmunes a su control por los políticos y éstos las utilizan sin rebozo a conveniencia.
—Fiscal general condenado, dos personas del círculo cercano del presidente en prisión provisional, investigaciones y causas judiciales que afectan a su entorno familiar y aliados parlamentarios que amenazan con romper. Con este cuadro, ¿qué posibilidades reales hay de que la legislatura agote el mandato hasta 2027?
—Creo que puede durar perfectamente toda la legislatura porque cuando los apoyos se consiguen disparando con pólvora del rey, gratis para el que la utiliza e ilimitada en su cantidad como recurso, nada puede parar el que se consigan mayorías parlamentarias que apoyen al gobierno. Si a esto sumamos que hacer caer al gobierno sería matar a la gallina de los huevos de oro para estos partidos, razón de más para pensar que la legislatura durará hasta su final. Aquí lo importante es observar que el Gobierno tiene una autorización parlamentaria pro tempore y que agotada la legislatura se convocarán elecciones, entonces, por seguir con los refranes, veremos si lo que se ha hecho ha sido gastar la plata de la familia.
—Se habla de un crecimiento de las derechas radicales y de los partidos populistas, especialmente entre los votantes jóvenes. ¿Cree que este diagnóstico está sobredimensionado o que responde a un cambio real en la cultura política?
—En el caso de España la polarización ha hecho crecer el apoyo a los partidos extremistas, tanto de derechas como de izquierdas, entre sectores de la juventud. Pero esto no ha ocurrido únicamente en España. Los jóvenes, en un ambiente tóxico de incertidumbre y corrupción reaccionan con un voto anti-político y esto encuentra traslación en el crecimiento de todos estos partidos en Europa occidental. Pero vale la pena recordar la hipótesis del perro que no ladra, como en la novela El sabueso de los Baskerville de Conan Doyle: la mayoría de los jóvenes no apoya las posiciones extremistas.
—Para terminar, ¿qué pronóstico hace para la política española en los próximos años? Si tuviera que señalar el riesgo principal ¿cuál sería?
—Creo que el riesgo más importante es el deterioro institucional porque la polarización política se resuelve con elecciones; pero si se quiebra la confianza en las instituciones democráticas entonces el conflicto, en su escenario más pesimista, ya no se articulará de forma pacífica, sino que puede dar paso a la violencia. De todos modos vale la pena recordar que, a pesar de todo, la polarización política es mucho más elevada que la polarización afectiva, esto es, que los políticos están más polarizados que los ciudadanos y que, superada por agotamiento esta fase destructiva, volveremos al sentido común de cooperación entre diferentes, y los extremismos volverán a ser condenados por el sentido común y la necesidad de convivencia.
