El Gobierno central se endeudará en 630,57 millones de euros adicionales para poder pagar a los funcionarios del Estado un ‘cuartillo’ de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se les eliminó, así como para hacer frente a otros gastos como la compra de carros militares, el abono de pagos pendientes del Ministerio de Fomento o la cobertura de un contrato para vaciar y limpiar el buque ruso hundido frente a las costas canarias.
Así constó en la memoria de impacto que acompañaba al decreto ley con el que se autorizó la devolución a la Función Pública, a comienzos de octubre, de un 26,23% de la paga extra navideña y los días de asuntos propios que fueron eliminados al inicio de la legislatura, documento al que tuvo acceso Europa Press.
El grueso de esos 630,57 millones de euros se destinará precisamente al pago de esa cuarta parte de la extraordinaria a los funcionarios, que sólo al Estado le costará 251,86 millones de euros según el decreto ley, que será convalidado en la Cámara Baja a final de mes. Los funcionarios autonómicos y locales no tendrán garantizado el cobro, ya que sólo se realizará si las diferentes administraciones tuvieran capacidad económica para afrontarlo. En caso contrario, deberá realizarse en el primer ejercicio en que haya disponibilidad presupuestaria.
Además, en el decreto ley se precisó que esta medida afectaría al personal funcionario y laboral de los ministerios, los organismos autónomos, las agencias estatales, los organismos públicos con créditos de gasto limitados, las entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Quedarían fuera, por tanto, el Banco de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las sociedades mercantiles y entidades empresariales públicas, las fundaciones y consorcios públicos y los órganos constitucionales como las Cortes, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con respecto a los días de libre disponibilidad, el decreto ley estableció que los funcionarios volverán a contar con los seis ‘moscosos’ que tenían antes de 2012 tras recuperar el último que quedaba pendiente, y además podrán disfrutar también de los llamados ‘canosos’. Éstos consisten en cuatro días por cada cinco años de servicio a partir de los primeros quince años, dos adicionales con el sexto trienio y uno más desde el octavo y sucesivos. Las jornadas de este tipo correspondientes a 2015 podrán disfrutarse hasta el 31 de enero del año próximo en este caso.
Al no saberse cuántas administraciones territoriales decidirán devolver estos días y en qué cuantía a sus empleados y tampoco saber cuántas suplencias se contratarán para cubrir los servicios públicos afectados, el Gobierno “no ha podido formular una estimación de impacto presupuestario de la medida”, tal y como se señaló en el informe en este caso.
