Berta Migueláñez ya forma parte del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Segovia, ocupando así la plaza vacante tras la abrupta salida de la exconcejala de Hacienda Rosalía Serrano. En el Pleno ordinario del Consistorio de este viernes la nueva concejala juró su cargo, tomó posesión, aceptó el acta y recibió la bienvenida del alcalde de la ciudad, José Mazarías, quien le dio la “enhorabuena por aceptar esta responsabilidad y trabajo”, y del resto de los presentes en la sesión plenaria.
De momento, es una incógnita las funciones que asumirá el nuevo miembro del equipo de Gobierno del PP, porque hasta que no se firme el decreto no se hará pública la remodelación del Ejecutivo local, según apuntan fuentes municipales. El secretario mencionó durante este punto en el orden del día que Migueláñez formará parte de un buen número de comisiones informativas, como la de Hacienda, Patrimonio y Empleo, o de Urbanismo, Obras y Servicios, también la de Personal, Participación Ciudadana o Gobierno Interior, por lo que las opciones son muchas. Demasiadas opciones para llegar a una conclusión. El consejo escolar del CEIP El Peñascal estará además entre sus atribuciones.
También, según se aprobó en la sesión, será parte de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes una Berta Migueláñez Arribas licenciada en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos por la Universidad de Burgos, de 48 años, casada y con dos hijos. Entre 2019 y 2025 ejerció como docente de Formación Profesional en las ramas de Industrias Alimentarias en el CIFP Felipe VI de Segovia y de Hostelería y Turismo en los centros de Valladolid, Segovia y Zamora. Entre 2004 y 2009 fue ‘Regional Sales Manager’ para el noroeste de España y especialista de Microbiología en la multinacional alimentaria Foss SS, según informan desde el Ayuntamiento. No se conoce todavía si asumirá la Concejalía de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación que quedó desierta tras la renuncia al cargo de una Rosalía Serrano acusada de presuntas irregularidades inmobiliarias de una sociedad relacionada con ella, quien lo negó, destapada por la prensa nacional.
Un Pleno que no tuvo grandes asuntos y en el que únicamente vio la luz la moción presentada por IU respecto a medidas para frenar el acoso escolar, en especial la solicitud a la Junta de Castilla y León para que cumpla con la obligación establecida desde 2022 de que en cada centro escolar haya un coordinador de convivencia que esté alerta de este mal de la sociedad que cada vez afecta a más menores y que las nuevas tecnologías ha agravado. La moción pide una mayor coordinación entre los centros, administraciones y los servicios sociales, como defendió su portavoz Ana Peñalosa. Recibió los votos a favor de IU, Ciudadanos, PSOE y Segovia en Marcha (Podemos- Alianza Verde) y las abstenciones de PP y VOX, con cero votos en contra. Desde el PP, el titular de Educación Sergio Calleja, argumentó que esta cuestión debería estar fuera del debate político, no convertirla en un arma política y añadió que sí existen iniciativas en la Junta en este sentido. El propio alcalde, Mazarías, manifestó que esta figura ya existe en los centros escolares, pero la abstención de los populares permitió que la moción fuera aprobada.
Peor suerte tuvo la propuesta de Segovia en Marcha, calificada por su portavoz Guillermo San Juan como la más corta en la historia de esta institución por su sencillez: destinar lo recaudado a través de la próxima tasa a los autobuses turísticos a programas para el acceso a una vivienda asequible. No salió adelante por los votos contrarios de PP, VOX y Ciudadanos, mientras que el PSOE se abstuvo y solo recibió el apoyo de IU. Desde el Ejecutivo local, González-Salamanca le contestó estar en sintonía con el problema de la vivienda, pero matizó que no se puede aceptar técnicamente porque todavía ni existe esa tasa y enumeró algunas de las actuaciones del Gobierno municipal en este aspecto como las 48 viviendas en el antiguo Parque de Bomberos o las 260 de Las Lastras, entre otros proyectos. San Juan replicó que lo único que pretende la moción es arrancar un compromiso futuro del destino de esa tasa que puede suponer para las arcas municipales una estimación de dos millones de euros.
La moción de VOX respecto a las ayudas para el comercio por las obras en las cuatro plazas de Nueva Segovia también fue rechazada. Desde Ciudadanos, por ejemplo, su portavoz Noemí Otero la tildó de “populista” y aclaró que ya existen medidas de reclamación ante las administraciones por el lucro cesante en el transcurso de tales obras. El PP, por boca del concejal de Obras José Luis Horcajo, incidió en el asunto defendiendo que los trabajos no durarán más de tres o cuatro meses y que los mismos no han perjudicado al acceso a los comercios de la zona. Añadió que se trata de un antiguo proyecto socialista que “este equipo de Gobierno ha mejorado” y afeó a VOX por haber votado en contra de las ordenanzas fiscales, que también afectan, dijo, a esos comerciantes.
La última moción, del PSOE para reforzar la participación y las medidas del plan de la Ciudad Vieja, tampoco contó con el apoyo plenario. Solo IU la apoyó, Podemos se abstuvo y PP, Ciudadanos y VOX votaron en contra. Clara Martín, desde el PSOE, exigió más atención a los vecinos de esa parte de la ciudad tan castigada por el turismo y la multitud de actividades y que se les conceda más participación en la toma de decisiones. May Escobar, concejala de Turismo, le replicó que no es cierto que dicho plan no esté activado, cifró en 25 de las 56 medidas ya puestas en marcha y razonó que “hay bases tecnológicas que nos van a aportar mucha información antes de tomar decisiones”, además de poner como ejemplo la propia tasa a los buses turísticos. La enmienda de VOX en esta moción no fue aceptada por quien la propugnaba.
Otros asuntos
Entre el público se pudo ver a una veintena de policías locales, entre ellos varios de los altos mandos, algo que llamó la atención a los integrantes del Pleno. Antes de las mociones, se trataron varios asuntos de interés. Entre ellos, y como volvió a suceder, el Ayuntamiento no pudo cerrar filas al unísono para un reconocimiento del día 25N contra la violencia machista. Un debate ya repetido en el que VOX se quedó al margen y muy criticado por el resto de grupos. Todos votaron a favor de la declaración institucional salvo VOX, que motivó su negativa en que no se contempla la violencia contra los hombres y que “el verdadero peligro es la llegada masiva de inmigrantes de culturas diferentes que no respetan a la mujer”. Esther Núñez, su portavoz, criticó las campañas municipales, según expresó, porque no sirven para nada y “tienen mensajes vacíos”. Guillermo San Juan, de Podemos, le contestó que no se debe mezclar la inmigración en este dilema social ya que de cada 10 denunciados, 7 son ciudadanos españoles. Azucena Suárez, concejala de Servicios Sociales del PP, acusó a la formación de Abascal de que mensajes como el suyo “evitan que se pueda erradicar la violencia de género”. Este punto 8 del orden del día sería aprobado, pero no con la unanimidad deseada.
Otro punto destacado aludía a las obras de restauración de la Iglesia de San Nicolás, que atañe a los fondos europeos. Un problema que se ha alargado en exceso en el tiempo y que acabó en manos de la sociedad pública Somacyl, extremo denunciado desde la oposición. Alejandro González-Salamanca, desde el PP, explicó que fueron varias las ocasiones que la licitación quedó desierta, que el presupuesto tuvo que incrementarse en unos 200.000 euros para alcanzar los 999.000 y que solo se pudo contar con la colaboración de la mencionada empresa pública. Desde el PSOE, Clara Martín atacó a la Junta por no rehabilitar el patrimonio histórico y al Gobierno local por su “falta de previsión e improvisación”, sumando las sospechas sobre los posibles beneficios que adquiera Somacyl. González-Salamanca le replicó que esta empresa pública no tiene beneficios y censuró que el PSOE “pida las subvenciones al tún tún, sin planificar”, algo a lo que se unió Esther Núñez (VOX), para quien los proyectos socialistas perjudican a la localidad, poniendo como ejemplo Nueva Segovia.
El Pleno aprobó además un dictamen de la Comisión de Hacienda para la compra de 14 baños portátiles por un importe de 15.730 euros, que no obtuvo votos contrarios, solo abstenciones. Gabriel Cobos, por parte del Partido Popular, fue quien pidió el voto a favor razonando que es una necesidad dado el carácter turístico de la ciudad. San Juan, de Podemos, solicitó que esta medida se hiciera extensiva a otras zonas alejadas del centro y Galindo, de IU, se refirió a la creación de una campaña informativa para que los ciudadanos conozcan sus emplazamientos.
En la parte final de la sesión, fueron muchos los ruegos y preguntas de los distintos grupos. Una de ellas destacó por el dato ofrecido por José Luis Horcajo en referencia a la cuestión planteada desde el PSOE por Clara Martín respecto a cuántas reclamaciones ha recibido el Ayuntamiento por la nueva tasa de basuras. 1.200 señaló el concejal. Otras versaron sobre las problemáticas del centro Fray Juan de la Cruz o el ruego de Podemos sobre las denuncias de los padres en el colegio de La Aneja.
