El título de este artículo me suena a novela de ciencia ficción. Para la gente de mi generación, pensar que estamos en el año 2025 es como si hubiésemos llegado al futuro. Y si algo tienen las obras de ciencia ficción es que sus anticipaciones –distopías las llaman ahora- siempre se acercan más a la pesadilla que al sueño apacible. Cuando escuchamos los resultados del informe Foessa, nos parece estar en esa pesadilla futurista. Como muestra, estos titulares: “300.000 personas sufren exclusión social en Aragón”; “Una de cada cinco familias de la Comunidad valenciana sufren exclusión social”; “Más de un millón de personas en exclusión social en la Comunidad de Madrid”.
Viene al caso esta reflexión porque esta semana he asistido en Ávila a la presentación del informe Foessa a las Cáritas de la Comunidad. Las siglas son el acróstico de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada y es una Fundación creada por Cáritas en 1965. En sus informes utiliza datos basados en la sociología y la estadística para ofrecer una radiografía de la situación social en España. En su página web concretan el fin último de sus estudios: servir al conocimiento de la realidad social de España; ser referente en el ámbito de la exclusión social y ofrecer un espacio de encuentro para el diálogo y la reflexión.
El informe, financiado por Cáritas, se presenta cada tres años y llega pormenorizado por Comunidades Autónomas. En el prólogo de la edición expresan sus pretensiones: “La importancia de analizar los procesos, estructuras y tendencias que marcan la evolución social de nuestro país”. Los últimos informes se han centrado en la exclusión social, un concepto más sutil que la pobreza. Porque “la exclusión social va más allá de la pobreza económica”, decía Pedro Fuentes, uno de los artífices del proyecto. “La exclusión social se concibe de manera estructural, multidimensional y dinámica, centrándose en las dificultades que limitan la participación y el bienestar de estos grupos en distintos ámbitos”. Para conocer esa realidad, Foessa ha establecido 37 parámetros, divididos en 8 bloques: vivienda, consumo, participación política, acceso a la educación, empleo, salud, conflicto social y aislamiento social.
Comparativamente con el resto de Comunidades Autónomas, la situación en Castilla/León es ligeramente mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. En total en la región el informe detecta 352.000 personas en riesgo de exclusión. 9.200 más que en el estudio de 2018. Los colectivos con mayor riesgo son los inmigrantes (48%) y los menores de edad y los jóvenes (24% cada grupo). Si alarma el dato de los jóvenes, uno de cada cuatro tiene riesgo de exclusión, sorprende que el de los ancianos sea solo del 3%.
El dato de los mayores está condicionado por la realidad rural de nuestra región. Mientras que en las ciudades se detectan síntomas del deterioro de las redes que formaban el tejido comunitario – familia, vecinos, amigos- que creaba relaciones de solidaridad, en el mundo rural todavía se mantienen.
Uno de los parámetros que más influyen en la exclusión social es la vivienda. Desde el estudio del 2018, ha crecido el porcentaje hasta un 18% pero tengo la impresión de que ese porcentaje habrá crecido notablemente el último año y mucho más en nuestra ciudad, una de las más afectadas por el auge de los pisos turísticos y la incidencia de la IE University en los alquileres. No hace mucho leíamos en la prensa local que según el Índice de Fotocasa la provincia de Segovia, en el pasado trimestre, experimentó una subida del 4,7% en el precio de la vivienda. Y el alquiler de una habitación es imposible para quien sobrevive como puede.
El caso es que parece ser que los datos macroeconómicos son favorables. La economía crece a buen ritmo, pero, según los expertos de Foessa, ese crecimiento en lugar de generar mayor igualdad, acrecienta la brecha social. “Los procesos de distribución de la riqueza son los únicos que pueden moderar las desigualdades, no el crecimiento, que es un mantra en el que hemos entrado sin tener en cuenta la sostenibilidad” dice Pedro Fuentes. Para él, el estado del bienestar, que es un seguro de vida para los excluidos, corre peligro por la presión geopolítica, que ha generado en toda Europa una psicosis de guerra y provoca que los recursos dedicados a protección social se destinen a armas, por el cultivo de la crispación política como herramienta de poder y, finalmente, por los discursos privatizadores e individualistas que convierten las relaciones en algo meramente utilitarista.
Es imposible resumir en el espacio de un artículo la riqueza de este estudio que, como dijo Ana Abril, una de las ponentes, “quiere tener incidencia política y deseo de condicionar la agenda de los partidos para avanzar hacia una sociedad más inclusiva”.
