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LA CONDENA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

por Emilio Montero Herrero
28 de noviembre de 2025
en Tribuna
EMILIO MONTERO
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Centenares de personas se reunieron este domingo ante la sede del Tribunal Supremo para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz. Entre gritos de «vergüenza», «golpistas con toga» y «esto es política, no justicia», los presentes criticaron la decisión del alto tribunal, que avanzó una pena de dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, a raíz de la filtración de un correo que apuntaba a un fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sentencia también cuestionada por parte del Gobierno, que amenaza un principio elemental en cualquier democracia como es la separación de poderes. Con todo esto, ¿Qué se pretende? ¿Qué el TS cambie su sentencia?

Parece evidente que en España tenemos un problema con la Justicia. Se acepta o se rechaza una sentencia según la naturaleza del tribunal del que proceda, sabiendo que cada tribunal tiene un determinado color o una determinada composición, contaminada por la elección de sus miembros.

Efectivamente, la Justicia lleva décadas prostituida desde el momento en que los partidos políticos empezaron a poder elegir a los miembros del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los políticos no pueden elegir a los jueces que les tienen que juzgar.

Todos los lodos presentes vienen de aquella anormalidad que se produjo cuando Felipe González, en 1985, reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los magistrados del TS y el TC, de facto, acabaran siendo elegidos por la mayoría política.

Hay varias formas de elegir a los jueces en un estado democrático de derecho. Una forma es que los jueces elijan a los jueces. Lo bueno de este sistema es que los políticos no eligen a quien les juzga. Que los jueces elijan entre ellos a quienes deben ocupar los puestos en los tribunales más elevados, el Supremo y el Constitucional, parece, por tanto, la mejor garantía de independencia para un sistema judicial.

También se puede optar por un sistema en el que los políticos elijan a los jueces. De este modo, los magistrados del Supremo y el Constitucional se convierten en un reflejo de la mayoría parlamentaria en cada momento, con lo que queda en entredicho la separación de poderes. El quebranto se produce tanto si un tribunal politizado tiene que juzgar al Gobierno como a la oposición. Todo lo que haga el Gobierno quedará santificado y todo lo que haga la oposición será condenado.

Ante la evidencia de la escasa consistencia de este sistema, hemos establecido un sistema de mayoría reforzada, que debería asegurar que los nombramientos tengan que estar consensuados, con un perfil equilibrado para todas las partes. Sin embargo, a lo que ha llevado es a un reparto de cuotas (tantos nombramientos de jueces para ti, tantos para mi) en vez de al nombramiento de un 100% de jueces consensuados, lo que ha hecho que el sistema se haya ido deteriorando hasta llegar a una situación de bloqueo como la que se ha producido en los últimos años por la imposibilidad de llegar a un acuerdo para renovar un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que es del que depende todo y del que después salen los nombramientos del Supremo y el Constitucional.

La cuestión es que, si apuestas por un sistema en que los políticos eligen a los jueces, tienes que aceptar las sentencias de los tribunales tanto cuando la mayoría en esos tribunales es “progresista” como cuando es “conservadora”, o haber elegido otro sistema. No puedes acatar las sentencias cuando son fruto de tus nombramientos y llamarlas golpistas cuando no has podido nombrar tú a los magistrados. Tienes que asumir la responsabilidad de haber apostado por un sistema en que los jueces los nombran los políticos o apostar por un modelo en que los jueces sean independientes de los políticos. Lo que no se puede es asumir solo las sentencias de los jueces que has nombrado tú, porque ni es justicia, ni es estado de derecho, ni es democracia.

Por lo demás, a la vista está el fracaso del sistema actual basado en que los políticos eligen a los jueces, es el momento de presentar a los españoles un cambio de modelo.

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Edición digital del periódico decano de la prensa de Segovia, fundado en 1901 por Rufino Cano de Rueda

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